Por: Rekha Chandiramani
A fines del año pasado concluyeron las investigaciones del Caso Odebrecht correspondientes a los periodos presidenciales de Ricardo Martinelli (2009-2014) y de Juan Carlos Varela (2014-2019). Un grueso expediente cuya vista fiscal esperaba ser enviada en diciembre —algo que había prometido el hoy ex procurador Eduardo Ulloa— a los tribunales para iniciar el otro camino en la esfera de la justicia; uno que auguran será largo y estará plagado de recursos.
El ex procurador ya declaraba en diciembre pasado que por prerrogativas y fueros, no estaban todos los que debían estar en el expediente.
Hay 102 imputados cuyos nombres no se conocen. Los delitos investigados incluyen blanqueo de capitales, delitos contra la administración pública, peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, fraudes en la contratación pública, entre otros. Tampoco se conoce el alcance real de la lesión patrimonial por la reserva del sumario, según la reseña del caso que publicó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
Vea la entrevista completa:
La constructora brasileña confesó haber pagado coimas por $59 millones en Panamá, pero el claro favoritismo de los últimos gobiernos para adjudicar obras y diseñar licitaciones a la medida de Odebrecht, desde el perredista de Martín Torrijos, pasando por el entonces Cambio Democrático de Martinelli y el Panameñismo de Varela, hace pensar que que la dimensión de la lesión patrimonial sobrepasa lo confesado. La compañía ha facturado al menos $9,000 millones en obras, lo que se traduce en tres años de ingresos del Canal.
El caso es la oportunidad de la justicia «para hacerlo mejor, hacerlo peor o hacerlo igual», concluye el abogado Carlos Barsallo, quien desde TI ha dado seguimiento al caso por la envergadura del mismo y lo que representa para la justicia panameña.