Por: Rekha Chandiramani
La diputada oficialista Zulay Rodríguez presentó el anteproyecto 224 el pasado 4 de enero, que modificaría la Ley 51 de la Caja de Seguro Social. El mismo también es apoyado por los diputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, de la bancada independiente.
La propuesta apunta específicamente a la burocracia del proceso de compra de medicamentos en la Caja de Seguro Social, entidad que brinda salud al 80% de la población y destina un tercio de su presupuesto de operación —lo que se traduce en unos $500 millones de dólares anuales— solo para la compra de medicamentos.
En la exposición de motivos del anteproyecto, Rodríguez cita «cinco grupos familiares que controlan el mercado de medicamentos bajo un intrincado esquema de compra e importación, distribución y registro», triplicando márgenes de ganancias que suman más del 100% entre el desembarque y la venta final.
La iniciativa también propone aumentar las multas por incumplimiento de los proveedores, inhabilitación de por vida en caso de malas prácticas, establece una fianza del 50% en caso de reclamos que atrasen los procesos y un sistema abreviado de compras que, dependiendo del monto y la urgencia, podría acelerar la institución a través de la junta directiva. La misma urgencia permitiría a la Caja de Seguro Social comprar directamente a las casas farmacéuticas internacionales; algo que por ahora no es posible según la Ley 1 de Medicamentos.
Rodríguez denunció el bloqueo de su copartidario Crispiano Adames, médico de carrera y miembro del Partido Revolucionario Democrático, también ex presidente de la Comisión de Salud. En este periodo legislativo, Adames, aunque es miembro, no está en la junta directiva. Aún así —según la diputada— es quien ha evitado que su propuesta se discuta en dicha comisión, que tendría primero que prohijarla para que después continúe su curso en el pleno.
El entramado oligopólico que controla artificialmente el desabastecimiento de medicamentos, y por ende la oferta y demanda a nivel público y privado, fue revelado en 2019 por el proyecto periodístico Receta Justa —del programa Abriendo Datos Panamá del ICFJ— que publicó las investigaciones «El triángulo de la muerte: las causas del desabastecimiento de medicamentos en Panamá» y «Los barones de los medicamentos en Panamá», tras un exhaustivo ejercicio de periodismo de datos y amplia reportería que duró varios meses.
Después de las revelaciones y en los albores del gobierno perredista de Cortizo —quien utilizó el alto precio de los medicamentos como enganche para pedir el voto en las pasadas elecciones— pasó una reforma parcial a la Ley 1 de medicamentos a finales del año 2019.
La misma fue celebrada por el Ejecutivo como la conquista que bajaría los precios, algo que no ha ocurrido y que sólo añadió más pasos a la compra. Creó un comité supraministerial que primero debía consensuar la necesidad de compra directa a fabricantes para luego declarar desabastecimiento y poder ejecutar.
La reforma solo parió la foto y las halagadoras primeras planas de los diarios, pero no resolvió el problema del acceso a los medicamentos. La falta de tratamiento y/o altos costos, sigue afectando a los más vulnerables en el país canalero, que siendo el segundo más rico de América Latina, todavía ve al 20% de su población debatirse entre comprar comida o comprar medicinas.