El economista e investigador Javier Stanziola desgrana el concepto de Estado de Bienestar, y cómo Panamá no lo es. En esta entrevista también pone el foco en la composición de las mesas donde se trazan las políticas públicas. Sólo tienen acceso a ellas «quienes tienen el suficiente poder económico para influir en los procesos o resultados«.
Con las manos en la data/ Economistas conservadores hablaron de «estado de bienestar» y economía social en la pasada edición de CADE, quizás hubo algunos visos de mea culpa del sistema actual. ¿Qué opinas?.
J.S./ En mi corta experiencia, por los últimos 30 años un amplio grupo de académicos, personas de negocios y políticos, hombres y mujeres en Panamá han estado estudiando el estado de bienestar y haciendo propuestas concretas. Es bueno ver que más personas se están uniendo a esta discusión.
El economista Guillermo Chapman habló también de flexibilizar la jornada de los domingos entre otras propuestas para modificar el código de trabajo. ¿Cabe un mayor desmejoramiento de las condiciones laborales en Panamá?
J.S./ En un sistema democrático (realmente participativo), no me preocuparían los recurrentes llamados a reformas del Código de Trabajo. Las leyes deben responder a sus contextos y siempre se necesitarán modificaciones. Por ejemplo, las creaciones de zonas especiales e incentivos fiscales de relocalización para empresas extranjeras seguirán aumentando si no tenemos estas conversaciones. Estas ideas de zonas y privilegios empresariales, que se repiten durante la pandemia con desconcertante aprobación mediática, siguen modelos antiguos y desfasados de desarrollo económico exógeno y no ayudan a reducir la pobreza ni desigualdad de ingresos y capital, ni tampoco incrementan la innovación local. Pero las últimas décadas nos han demostrado que no todos los que deberían ser parte de esas mesas de discusión sobre temas productivos o laborales tienen acceso a ellas o tienen el suficiente poder económico para influir en los procesos o resultados. Las voces de las mujeres, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGBTIQ, entre muchas muchas otras no se consideran cuando se habla de temas productivos. En ese sentido, vemos a un sector empresarial bastante unido y solidificado con una clara agenda y con un apoyo bastante grande por parte de los medios de comunicación. La pregunta es cómo las personas que trabajan, las organizaciones sin fines de lucro y los movimientos sociales pueden lograr tal unidad y apoyo mediático.
En la conferencia, los socios de INDESA, Chapman y Fernández, reconocieron oligopolios y monopolios como las causas que afectan el crecimiento y tienen al país estancado. ¿Un mea culpa del plan Chapman ejecutado en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares?
J.S./ Entonces es importante asegurarnos de que las políticas no se queden en el muy necesario pero nunca suficiente llamado a incrementar la inversión en educación. En términos de productividad, ¿cuál es el punto de incrementar el nivel educativo si al final las personas con un título de una secundaria o universidad no van a poder abrir negocios porque no tienen acceso a capital o conseguir trabajos si estos están capturados por las personas que forman parte de estos oligopolios?. En Panamá ya tenemos leyes y planes para comenzar a reducir estos oligopolios. Por ejemplo, la ley de descentralización ayudaría a incrementar el poder de las personas que viven fuera de la Ciudad de Panamá. La ley de participación ciudadana, cuando se implemente bien, sería muy poderosa. Por otra parte, aquí es más difícil abrir cooperativas y empresas sin fines de lucro -que pudiesen tener juntas directivas conformadas por personas que trabajan en ellas- que abrir un negocio comercial. Los modelos de manejo colaborativo entre dueños de capital, administradores y trabajadores han demostrado poder reducir no solo la concentración de capital pero también incrementar su productividad, como en el caso de Suecia y Alemania.
¿Qué te pareció lo bueno, lo malo y lo feo de lo que se planteó en CADE?
J.S./ Me parece malo y feo cuando se presentan estos temas de bienestar como una lucha entre el Estado y el Mercado. Esto me indica que aún estamos lejos de llegar a un claro entendimiento de las causas de los problemas o que no queremos aceptar lo que realmente está pasando. Fue muy ilustrativo ver que se le dedicó más de un minuto a hablar sobre una página web de información que ahora tiene 16 íconos en lugar de 6 como parte del paquete de reactivación económica.
¿Cómo puede Panamá construir desde la economía un estado de bienestar?
J.S./ Por supuesto que es importante invertir en educación pública, salud pública y viviendas sociales. Y que se haga desde una perspectiva de incrementar la calidad de vida de todas las personas en Panamá, no únicamente pensando en cómo maximizar las utilidades de las compañías privadas que, por ejemplo, construirían estas casas. Pero no es suficiente. ¿Cómo podemos hablar de un estado de bienestar y al mismo tiempo querer desmejorar las condiciones de trabajo? La pandemia nos ha demostrado que en Panamá el bienestar no es una prioridad y no se ve como un tema económico. Se le deja al Ministerio de Desarrollo Social, y se ve como un parche para mantener el oligopolio existente. El bienestar tiene que ser la prioridad número uno y ser planificada desde un Instituto de Planificación independiente, como se planteó en el Plan de Gobierno de Laurentino Cortizo, y con la participación de diferentes sectores, con una variedad de voces.
¿Crees que es hora de hablar de una reforma fiscal integral? ¿Por qué el gobierno lo evita a toda costa? ¿Debemos abandonar el régimen fiscal territorial?
J.S./ En enero, el Icefi nos decía que debemos recaudar 5 veces más de los que hacemos para poder pagar la deuda. Si me hubieses preguntado entonces, te hubiese dicho que sí. Esto a pesar de que no existe aún un entendimiento claro por parte de los ciudadanos de que esta reforma sea necesaria. Los medios de comunicación, con mucha razón, enfatizan el mal uso del dinero público y más impuestos se siente como más corrupción. Pero hoy no creo que debemos hablar de reformas fiscales. En esta época de golpe a la demanda y oferta agregada, hablar de incrementar impuestos no debe ser la prioridad porque vendría a bloquear los flujos entre consumidor y suplidores aún más. La prioridad ahora mismo es seguir insistiendo en por lo menos ver el plan de reactivación económica del gobierno y ser más transparente sobre el uso de estos fondos de todos. Luego de tener eso, enfrentar la necesidad de que para poder enfrentar los problemas de demanda y oferta que seguiremos enfrentando por lo menos por un año más se necesitará aumentar la deuda. Los medios de comunicación podrían ayudar en este tema, desmitificando o quitándole el aura de usura medieval y pecado como describen el tema de la deuda. Para poder que todos y todas participemos de discusiones sobre deuda, debemos entender bien todas sus virtudes y limitaciones.
En Panamá hay 34 salarios mínimos y otras disfunciones visibles en las leyes laborales. ¿Cuáles crees que son las que más contribuyen al desempleo y a la desigualdad?
J.S./ Las cifras del Penn World Table y la Organización Internacional del Trabajo nos dicen que el problema en Panamá no son las personas que trabajan. El PWT nos dice que somos uno de los países con el peor uso de nuestro capital existente. Esto coincide con que este capital está concentrado en las manos de pocos y estos pocos tienen poco incentivos para hacerlo trabajar de una manera que sea eficiente y simplemente lo dejan en el mercado financiero (no real). Las cifras de la OIT nos dicen que en el 2017, los trabajadores panameños recibieron 30% del PIB. El resto se fue a capital. Esta cifra era de un 46% en el 2004. En los Estados Unidos y Chile se ha mantenido por encima del 50% en este mismo periodo. Por otra parte, hay que dejar de pensar en la inversión en el bienestar de los trabajadores como un gasto sin retorno social. Por ejemplo, no es que los países con más alto PIB pueden costear más protección legal a las mujeres trabajadoras. Una de las razones por la que estos paíse llegaron a tener un alto nivel de productividad es que invirtieron en crear las condiciones para que las mujeres que quieran entrar al mercado laboral lo puedan hacer y puedan crecer en él.
¿Cómo ves que el gobierno se abstenga de implementar una Renta Universal Básica acorde con al menos el costo de la canasta básica alimentaria? ¿Es correcto canalizar todo el estímulo a través de los bancos, préstamos o bono solidario en estos momentos?
J.S./ Las lecciones de recesiones y grandes crisis económicas son claras. Sí, hay que asegurar la estabilidad del sistema financiero. Sin banca central, aquí hay que hacer más de cuatro cosas para lograrlo. Ya se hizo. Sí, hay que apoyar a los microempresarios. Ya se está haciendo algo de eso. Lo que falta es inyectar efectivo directamente a los consumidores. Si no lo hacemos, la tendencia será que los bancos aumenten sus reservas y sigan invirtiendo en el mercado financiero. Por su parte, los microempresarios, sin clientes, serán destruidos por las grandes empresas. No es suficiente decir que el gobierno está invirtiendo $1,600 millones en subsidios. Cálculos que elaboramos para el Cieps muestran que en 2018 luego de esa inversión en subsidios un 20% de los hogares (no personas, hogares) aún no podían pagar ni la canasta básica. Se necesita urgentemente repensar el tema de los subsidios en Panamá. Luego de la salud, debería ser lo único en lo que deberíamos enfocarnos por ahora.