El 2021 será un año que empezará a consolidar la transformación del mercado laboral panameño. En menos de un año, los el gobierno ha emitido decretos que reducen salarios, jornadas y que incluso mantienen todavía a más de 100,000 trabajadores con contratos suspendidos.
La masa laboral —que ya supera la mitad en la informalidad incluso dentro del sector formal— tendrá menos oferta de empleo a corto plazo, lo que apunta a aumentar tanto el desempleo como la informalidad, que hasta septiembre marcaban 18.5% y 52.8%, respectivamente.
El último decreto emitido por el Ministerio de Trabajo aplaza la reactivación gradual de los contratos —que originalmente iniciaría en enero con el 20% de la fuerza laboral suspendida— para fines de febrero, pero da carta abierta a quienes quieran reactivarlos antes. Pero también da carta abierta al empresario para volver a suspender a quienes ya fueron reactivados, basándose en el cierre de actividades por cuarentena total decretada del 4 al 14 de enero, justo la primera quincena del año en que muchos de los trabajadores suspendidos esperaban volver a ser llamados. Una cuarentena que pinta a la medida de la patronal.
Antonio Vargas, asesor legal de CONUSI y Suntracs, analiza con nuestros lectores los diferentes decretos emitidos y lo que se espera para el 2021, además de las demandas de inconstitucionalidad que han presentado ante la Corte. Recalca que aunque la Corte se pronuncie, los trabajadores nunca podrán recuperar los salarios perdidos, porque los fallos de inconstitucionalidad no son retroactivos.
También comentamos sobre el concepto que ha esbozado repetidamente la ministra de Trabajo, Doris Zapata, cuando declara que «a hora trabajada, hora pagada». Un concepto superado desde que el trabajo es un derecho y no una mercancía, explica el abogado Vargas.
Samuel Rivera, ex secretario general del Mitradel durante la pasada administración de Juan Carlos Varela, aboga por un diálogo urgente entre las partes, que incluya a los sectores trabajadores y planes urgentes de generación de empleo a través de una agresiva inversión estatal. También apunta a la excesiva flexibilización de las normas laborales, lo que acrecienta la precarización del trabajo.
El desempleo y la informalidad aumentarán. A eso se suma también la inercia del gobierno en el cobro a morosos de las cuotas del seguro social, la flexibilización de las relaciones empleado empleador donde la necesidad del salario para sobrevivir deja siempre al lado más débil. También la medida de encerrar a la población sin garantizarle medios económicos básicos como el alimento, ya que la ayuda social del gobierno en pandemia, solo representó un tercio del costo de la canasta básica de alimentos, es decir, que el bono solo daba para comer una vez al día.