Este año, hasta agosto, 34 menores de edad han sido asesinados. El alarmante ascenso en comparación a los primeros ocho meses del año pasado dan cuenta de una escalada para la seguridad pública: 142% más.
Por: Grisel Bethancourt
La noche del 4 de junio de 2020, la oscuridad fue cómplice de dos muertes. Dos menores de edad. Las balas penetraron implacables sus indefensos cuerpos, surtiendo la ráfaga de tiros, su cometido. Otros cuatro amiguitos, menores de edad igual que ellos, resultaron heridos.
Muchas noticias como ésta llenan las planas de crónica roja de los diarios. Esta vez, hombres armados irrumpieron en una residencia sin remordimiento con armas de fuego. San Miguelito fue el distrito de la capital que escenificó tan violenta escena dejando en el silencio a una niña de 7 años y a un adolescente de 15.
Casos que por su forma de ejecutarse, abren la oportunidad a otros hechos similares. Las víctimas en su mayoría son menores en riesgo, de primera infancia y adolescentes.
«Lo más lamentable es que los niños, al ser los más vulnerables, son los más afectados por estos crímenes»
Tirso Castillo, criminólogo y sociólogo
Un mes después, la masacre del bunker de Espinar
«Mi corazón me latía, sentí como si mi cuerpo no pesara, y las lágrimas se me salieron». Es la voz de Denis, la madre de dos jóvenes víctimas de femicidio en la provincia de Colón, hallazgo registrado el 18 de julio de este año. Fue uno de los episodios más difíciles de violencia múltiple. El crimen no ha dado tregua durante días y noches en todo el país contra niños, niñas y adolescentes.
Así lo describió una madre el portal digital Panamá Press. El silbido de las balas y ráfagas tienen eco. La cuarentena absoluta ha llevado a los victimarios a cometer hechos sin precedentes, que como este caso descrito en un paraje, se repitieron en áreas rurales, de extrema pobreza y suburbanas de las provincias en este año. Las asesinos que imponían la violencia en las calles, casi sin rostro, burlaban los retenes policiales, se escabullían en la oscuridad y permanecen aún en el anonimato. Hechos perpetrados a domicilio.
Este año, hasta agosto, 34 menores de edad han sido asesinados. El alarmante ascenso en comparación a los primeros ocho meses del año pasado dan cuenta de una escalada para la seguridad pública: 142% más. La mayoría de ellos fueron niños.
El estudio comparativo fue realizado de enero al mes de agosto de 2020 con las cifras públicas hasta la fecha que presenta el Ministerio Público de Panamá, las cuales indican señalan un aumento importante. El experto criminólogo y sociólogo, Tirso Castillo asiente en que estos hechos impactaron en la opinión pública, ya afectada por los efectos de la pandemia de Covid-19, donde se demuestra que la violencia y crueldad van relacionados según la personalidad del homicida/agresor.
«Lo más lamentable que niños al ser los más vulnerables son los más afectados por estos crímenes.», estimó el especialista que ha realizado estudios precisos del accionar criminal de las pandillas en Panamá.
El 31 de diciembre de 2019, la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore se refirió a los hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Describió aquellos titulares donde las noticias eran menores de edad: «Detrás de cada acto de violencia contra los niños que aparece en los titulares y suscita la indignación pública, hay muchos más que no se denuncian», recalcó Ford.
Las palabras de la Directora Ejecutiva de UNICEF se referían a la década mortal de violencia con la que culminó el 2019 en perjuicio de los niños en general.
Impacto de violencia
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en su informe de Seguridad Ciudadana 2020, establecieron que «el número de los homicidios de primera infancia de 0 a 9 años durante este periodo fue de un 4% en comparación con el 2019, que estuvo en 1% del total de homicidios ocurridos por año», describió el informe elaborado a raíz del comportamiento criminal durante la pandemia y cuarentena en el país de Covid-19.
La organización mantiene cifras extraídas del Ministerio Público, que para el 2020 de forma específica el delito de homicidio de enero al mes de agosto se encontraba en los 269 casos, incluyendo a niños, niñas y adolescentes. Pero qué ha promovido hechos de violencia contra menores de edad entre los 0 a 17 años en el país. Conversamos de un término que está formando parte de nuestro diario vivir en América Latina, se trata del «juvenicidio». Son niñas, niños y adolescentes el blanco de los crímenes calificados en nuestro Código Penal como femicidio, homicidio y muertes violentas.
Castillo se refiere al juvenicidio como «la muerte violenta de jóvenes tanto menores de edad y adultos jóvenes ocasionado por la violencia, provocado por guerras entre pandillas criminales.»
Considera el criminólogo que las características o efectos que llevan a cometer estos actos de violencia radican en la desaparición de la adolescencia como etapa vital; que son afectados por la falta de tolerancia y respeto a la vida humana por parte del homicida.
Las cifras documentadas en este estudio periodístico nos revelan una serie de actuaciones misóginas; el femicidio por ejemplo ha sido parte de las estadísticas del 2020. Frente al 2019 donde niñas y adolescentes no fallecieron por actos violentos, pero este año en el periodo de enero a agosto se registraron 7 casos de femicidio.
En el análisis por rango de edad se determinó, que se registraron dos casos por cada femicidio entre 0 a 4 años, 5 a 9 años y 15 a 17 años. Solo un caso correspondió a edades de 10 a 15 años.
Castillo analiza que hay muertes provocadas por la violencia pandilleril. «Es despiadada, y los pandilleros no tienen escrúpulos para enfrentarse a tiros, sin importarle la presencia de menores de edad que son ajenos a esta guerra de pandillas», advirtió.
El exdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Humberto Mas, describe la situación de muerte de niños por el entorno social, donde hay bandas, venganzas y son víctimas de balas pérdidas que provocan su fallecimiento.
«Los adolescentes tienen un sentido de diferenciar las cosas, toman posiciones que tienen que ver con decisiones que asumen con falta de madurez. Estos muchachos encuentran en las bandas promesas de familia, de ganar más dinero y las otras promesas que allí se dan», explicó el médico forense.
Al respecto, los homicidios de enero a agosto de 2020 determinaron que adolescentes entre las edades de 15 a 17 años fueron las víctimas de más crímenes. Diecinueve de ellas perdieron la vida en comparación con los 8 fallecidos en el 2019 por hechos violentos.
En opinión del criminólogo, hay factores importantes a considerar: la pobreza, la desigualdad social, la frustración…son caldo de cultivo para el surgimiento de pandillas criminales, donde participan tanto menores de edad como adultos. Enfatiza que todos son víctimas de la violencia que el crimen organizado promueve.
Recientemente el Jefe Policial de Panamá, Jorge Miranda, reveló a la agencia de noticias Efe que el 68,7% de todos los homicidios está relacionado al crimen organizado, «llámese actividades como ajuste de cuentas, rencillas, narcotráfico y pandillerismo».
Como médico forense, Humberto Mas explica que no puede diferenciar causas de muertes, porque no es solo el hecho. El problema existente abarca el aspectos social, familiar y criminológico, que en su conjunto causan la muerte. Generalmente los niños mueren producto de los cruces de armas, impactos de bala en la que se pueden encontrar en un determinado momento; y los adolescentes mayormente en enfrentamientos directos con los protagonistas, según el experto.
«Hay una responsabilidad social y detrás de cada joven que muere hay adultos que se pueden ligar por hechos propios», sostiene Mas.
Siete vidas: El Terrón
Enero de 2020. Los gritos eran de desesperación dentro de una choza, más de 24 horas en un encierro forzado, sin comer, sometidos a extremas pruebas de fe. Un exorcismo hizo que ocho vidas fueran apagadas entre torturas y agresiones sexuales. Ocurrió en el área indígena de El Terrón, en Santa Catalina, Bocas del Toro en enero de este año. Eran seis menores de edad y una embarazada, madre de los niños de 1, 3, dos de nueve años, uno de 11 y otro de 17 años, que no resistieron la infamia ocurrida en las entrañas del pueblo originario, en la comarca Ngäbe Buglé. 15 sobrevivientes lograron salir de un paso a la muerte a manos de hombres que se amparaban en la fe y que les produjo sosiego y secuelas de por vida.
Así fue descrito el drama de las víctimas de El Terrón, durante la audiencia bajo el Sistema Penal Acusatorio, donde hubo imputación criminal contra 9 personas inmersas y señaladas en el proceso.
Una barbarie donde las víctimas yacían en una fosa clandestina. Este hecho es considerado como «fanatismo manipulador y la insensibilidad sádica». Factores como éstos son descritos por el criminólogo y sociólogo Tirso Castillo, al considerar que incidieron en esas trágicas muertes, donde los niños y niñas son las víctimas más vulnerables, por ser los olvidados, los marginados del país.
El forense Humberto Más coincidió en que fue un episodio de manipulación y fanatismo por la misma metodología del hecho; que difiere de las muertes violentas suscitadas en otras áreas.
Este año episodios por muertes violentas, término descrito en las estadísticas criminales del Ministerio Público, según la valoración del fiscal del caso y aplicando la Ley 82 que tipifica la violencia contra la mujer y el femicidio, indican que el registro del año 2020 entre enero y agosto es de 5 casos.
En el comparativo del mismo periodo para el 2019, los casos alcanzaron dos víctimas. El año actual mantiene cifras que superan el 150% de muertes violentas contra niñas y adolescentes.
Soluciones al fenómeno criminal
El psicólogo José Pimentel aboga por un acompañamiento complejo, que implica a otros actores sociales que puedan ayudar a fortalecer el trabajo comunitario; se necesita mucho el aporte psicológico, espiritual y de trabajo social «in situ» en las comunidades donde se están dando estos fenómenos de incremento de violencia y criminalidad.
Pimentel es pastor en la provincia de Colón, está al frente de la iglesia evangélica la Casa del Alfarero, y trabajó anteriormente en programas gubernamentales contra la violencia y las pandillas en la costa atlántica. En Colón transcurrieron aproximadamente 60 días de tregua, sin crímenes, tras el hecho que conmocionó al país el pasado mes de julio, al registrarse la denominada Masacre del Búnker de Espinar, donde asesinaron a 7 jóvenes, entre ellos tres personas adolescentes.
La pandemia de Covid-19 ha traído múltiples consecuencias delictivas a la provincia de Colón. El pastor Pimentel conduce estos hechos a las áreas de mayor conflicto social, donde se da la aglomeración de la mayor cantidad de familias de Colón que están en riesgo. Se refiere específicamente al área de Los Lagos, un conjunto de viviendas de carácter social, donde impera la violencia. Explica que el distanciamiento social y posible contagio del virus ha puesto en pausa el abordaje técnico-social que tenían programado algunas organizaciones para los jóvenes.
«Tengo la esperanza de luchar dentro del seno familiar, que es lo más importante»
Jessenia Pineda, subcomisionada de la Policía Nacional
Esta pausa vino a mermar en Colón esa parte de prevención, admite la subcomisionada jefa a nivel nacional de Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional, Jessenia Pineda.
«Hemos visto que hay cosas que no se van a cambiar de la noche a la mañana, y la forma violenta en que se han dado mucha situaciones y más con adolescentes, nos hace pensar que tenemos que trabajar mucho más todavía, y más en el plano familiar», subraya Pineda.
Reacciona ante la pandemia donde como policías han tenido que reinventar sus programas de prevención para niños, niñas y adolescentes en riesgo. «La pandemia nos ha venido a agudizar algunos problemas socioeconómicos. Tengo la esperanza de luchar dentro del seno familiar, que es lo más importante», destaca Pineda, quien asegura que los frutos se podrán ver en años venideros. La mitigación se da poco a poco.
Tirso Castillo piensa que criminalizar al menor de edad es un gran error que se ha cometido por años. Ahora el propósito es brindar ayuda en programas educativos, deportivos y culturales para formarlos como personas útiles a la sociedad.
No obstante, el Ministerio de Seguridad Pública está aplicando en la provincia de Colón una Política Integral de Seguridad Ciudadana enfocada en la prevención del delito, con actividades comunitarias en especial en la comunidad de Alto de Los Lagos, donde la niñez y adolescencia son el objetivo primordial para impedir que caigan en las redes de la violencia y la criminalidad, confirmó Castillo.
El pastor Pimentel enfoca para su provincia y el resto de las comunidades en riesgo, posibles soluciones contra la violencia en aspectos basados en la transformación económica real, apertura de oportunidades, que los jóvenes vean la educación como el gran impulsador de su futuro y el desarrollo de sus habilidades blandas en comunicación y equipo.
Agrega que sobretodo el principal flagelo que empuja a la sociedad a la criminalidad es el desempleo, y orilla al abismo de la violencia y el tráfico de drogas como principal generador de criminalidad en esta provincia.
A estas voces de cambio para la protección de la niñez y su entorno social y familiar de la que dependen las personas menores en el país, durante este periodo de efectos nocivos de Covid-19, incidió la Asamblea Nacional para la aplicación o búsqueda de otras soluciones a favor de la niñez.
El proyecto de Ley 155 que insta a la protección de primera infancia y al desarrollo infantil, cuyo trámite legislativo inició en el 2019, pasó a aprobación en primer debate a través de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, impulsado por la diputada Zulay Rodríguez el pasado mes de agosto. En el documento se enfatiza en «las condiciones de vulnerabilidad social que enfrentan los niños, niñas y sus familias».
Añade las vulneraciones a sus derechos fundamentales como lo son: el acceso a servicios sociales y educativos, servicios de salud y de estimulación temprana y a recibir protección especial en supuestos hechos de violencia, maltrato o privación del cuidado familiar. Que pudieran incidir en una afectación física y mental a futuro.
El mismo crea un Consejo de Alto Nivel por la Primera Infancia que asegura la protección de la niñez de 0 a 8 años.
En la organización Aliados por la Niñez y la Adolescencia son más estrictos en afirmar que en Panamá ante la aprobación en primer debate del proyecto ley 155, la situación es de tal gravedad, que se requiere asegurar, con carácter urgente, la articulación intersectorial y entre las instituciones pertinentes de todos los órganos del Estado, de forma que las decisiones vinculadas a la niñez se tomen desde la objetividad de las normas legales vigentes.
Abogan por incluir la palabra «integral» en este proceso de legislación a favor de la niñez, al considerar que «el sistema les ha fallado por décadas de inatención», exigiendo que se garantice a las instituciones encargadas de brindar los servicios de infancia, el presupuesto necesario y adecuado a los tiempos.
Ante las complejidades de diferentes factores que inciden en el adecuado trato a personas menores de edad, inmersas en actos de violencia, siendo víctimas del implacable crimen organizado y de estructuras delictivas, durante esta investigación periodística solicitamos el 16 de septiembre una entrevista con la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Sara Rodríguez.
En la entrevista se pretendía abordar las políticas en desarrollo contra la violencia de la niñez y adolescencia, la postura del SENNIAF ante los crímenes atroces, masacres, hechos de muertes violentas ocurridas en el 2020, como posibles medidas urgentes y estudios de seguimiento por hechos de violencia contra menores de edad entre el 2019 y 2020. La entidad canceló la entrevista programada para el martes 29 de septiembre por la oficina de prensa, y dijo que en su lugar enviarían las respuestas vía correo electrónico, mismas que nunca llegaron.
Ante la pérdida de vidas y crímenes de los inocentes, Tirso Castillo en su evaluación criminológica establece que «el miedo e inseguridad social son las consecuencias de esta violencia y le corresponde al Estado desarrollar las políticas públicas de seguridad para dar protección a la ciudadanía». El barrio con características de «zona roja» es un entorno agresivo y peligroso para la seguridad e integridad de niños, niñas y adolescentes quienes están en mayor riesgo de convertirse no solo en víctimas sino también en ofensores con todas las consecuencias y efectos que ello conlleva, explica la Estrategia Nacional Multisectorial de Prevención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes 2018-2022.
Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de la violencia con armas en los barrios del país. Los análisis de violencia criminal establecen que Colón, Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí son las áreas más vulnerables al conflicto que produce el crimen organizado. El 1% de las víctimas totales de homicidios ocurridos hasta el pasado semestre del 2020 correspondieron a menores de edad. Son ellos, nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes dentro de los aproximadamente 453 mil panameños en el rango etario de edad en primera infancia y adolescencia, viven en pobreza, según el Índice de Pobreza Multidimensional de 2018.
Circunstancias de su entorno que son irreversibles cuando el juvenicidio arranca sus vidas.
Este reportaje contó con la colaboración del reportero gráfico René Bellido, de la provincia de Colón.
Fotos: Grisel Bethancourt