Las redes sociales se estremecieron cuando el economista Guillermo Chapman habló de “cambiar el modelo”, de “Estado de bienestar” y de “Socialismo del siglo XXI”, todo dentro de su ponencia en la conferencia anual de Apede.
Por: Rekha Chandiramani
Aquí el contexto es importante. Chapman es un versado economista que fue Ministro de Planificación y Política Económica durante el gobierno perredista de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). Ese gobierno fue trascendental para la consolidación del modelo económico neoliberal, que ya había iniciado el gobierno anterior de Guillermo Endara, el primero de la era post dictadura. Pero fue la firmeza del gobierno perredista –con algunos cerebros reciclados en democracia incluidos– la que blindó los cimientos de ese modelo. El llamado “Plan Chapman”.
El Plan Chapman, como definiera el sociólogo y periodista Olmedo Beluche en su Reseña Histórica de las Reformas Neoliberales a la Legislación Laboral Panameña en la edición 133 de la revista Tareas, fue un plan económico de corte neoliberal cuya finalidad orbitaba en “eliminar las distorsiones creadas por la intervención del Estado en la economía”, dejando así que el mercado se autorregule y resuelva los problemas. En ese momento, según la reseña de Beluche, el diagnóstico del plan atribuía la disparidad social al elevado desempleo estructural y al bajo poder adquisitivo de los salarios. Esto como consecuencia de la “ineficiencia económica” –hoy se le llamaría baja productividad- , exceso de incentivos a la industria, servicios públicos costosos; el proteccionismo; distorsiones microeconómicas como barreras a la inversión extranjera y una infraestructura deficiente.
La modernización de la economía requería –como trazaba el plan ejecutado- la privatización de las empresas estatales, los puertos, la generación eléctrica, la telefonía, una férrea reforma laboral en 1995 que “abarató” el costo de los despidos, la construcción de autopistas por concesión, la baja de aranceles de importación, entre otras políticas. También hubo avances –reconoce Beluche-en cuanto a la participación de trabajadores de otras nacionalidades y en la derogación de restricciones impuestas a la negociación de convenciones colectivas, especialmente en las zonas agrícolas y de exportación.
La segunda fase del plan se centró en políticas públicas para estimular el mercado y reducir la intervención estatal, apostando a que la baja arancelaria y la eliminación de subsidios redujeran los precios y resolvieran los problemas sociales. Para reducir la pobreza, tenían un plan de $1,100 millones para invertir en educación, salud y subsidio a los pobres. Esta fase sería entre 1998 y 2003, pero recordemos que en el referéndum de 1998 la mayoría del pueblo rechaza el intento de Pérez Balladares por reelegirse.
Pero la receta neoliberal se trazó desde mucho antes. En julio de 1990 el presidente Guillermo Endara firmó con Estados Unidos un “Convenio de Donación”, una especie de compensación económica -disfrazada de ayuda-por $420 millones por haber invadido el país el 20 de diciembre de 1989 . El acuerdo incluía requisitos como un programa de estabilización económica, manejo de finanzas públicas, cambios en la CSS, baja de aranceles, cambios en la política laboral y comercial, entre entras cosas. El modelo con el que Panamá entraba a la democracia tenía el sello del Fondo Monetario Internacional. Empezó a aplicarlo Endara, lo consolidó Pérez Balladares y de allí en adelante todos los presidentes lo han seguido.
El país creció, sin duda. Pero no precisamente con políticas de libre mercado. Los oligopolios, monopolios y la intervención estatal – a beneficio de unos y en contra de otros- ha sido clave en el desarrollo pos invasión. Más de 20 años después de implementado, el país sigue con el 20% de pobreza, 10% de pobreza extrema, una educación de calidad pobre y un sistema de salud que colapsó con la reciente pandemia. No solo eso. El Estado panameño actual está encadenado por contratos y concesiones leoninas tan difíciles de romper como perjudiciales a la vida misma. Obras hospitalarias caras e inconclusas que hoy hacen falta, y concesiones que en la práctica inhiben al mismo Estado de buscar vías de desarrollo, como las portuarias por ejemplo.
Ante el evidente fracaso del país para enfrentar la pandemia, Chapman regresó al foro empresarial para hablar de cambiar el modelo. Un tibio mea culpa con palabras que algunos nunca imaginaron escucharle decir. “¿Pero qué modelo queremos? ¿Socialismo del Siglo XXI o Estado de Bienestar?, se preguntaba en medio de la ponencia. Al final, tras muchos datos y diagnósticos, apelaba a que debemos ser una economía social de mercado, tipo Singapur, Costa Rica o Uruguay, instando al aumento en la inversión estatal en educación y salud. Acto seguido, llamó a flexibilizar el Código de Trabajo, pero ese tema lo abordaremos a profundidad en otro artículo.
Economistas como Felipe Argote, quien cree que el Estado debe jugar un rol más protagónico en la reactivación económica del país, confesó que nunca imaginó que un economista como Chapman pudiese citar el Estado de Bienestar. “Vivir para contarlo”, escribió en su red social de Twitter. Ahora -en el análisis de Argote para este medio- las élites se acomodan a los tiempos. “Cuando la economía va volando, los economistas más allegados al sistema dicen que el Estado no debe intervenir, pero cuando hay crisis, entonces sí piden intervención: privatizar la ganancia y socializar la pérdida”. Una visión con la que coincide el politólogo Richard Morales, para quien no es raro que “economistas adeptos al poder” se muestren indistintamente como partidarios de mayor o menor intervención estatal, en la medida en que le sea conveniente al capital en ese momento. Un “oportunismo oscilante”, le llamó
Aun así, para Argote, también catedrático y ex presidente de la Comisión económica de Apede, que economistas neoliberales hablen de Estado de Bienestar, hay que tomarlo como un avance.
Pero, ¿bastaría con invertir más en salud y educación para transitar hacia un Estado de Bienestar? No. El modelo que Panamá quiere cambiar está lleno de contradicciones hasta los tuétanos.
El economista y dramaturgo Javier Stanziola cuestiona que se presenten temas de bienestar como una lucha entre Estado y Mercado. Y va más allá. Asegura que las políticas no se deben quedar en el “muy necesario pero nunca suficiente llamado a incrementar la inversión en educación si al final ese graduado no va a poder abrir negocios por no tener acceso a capital o porque los trabajos están capturaros por personas que forman parte de estos oligopolios».
No basta con invertir más en salud y educación. Stanziola concluye que hay que dejar de pensar en la inversión en el bienestar de los trabajadores como un gasto sin retorno social, abandonar ideas de zonas y privilegios empresariales, “que se repiten durante la pandemia con desconcertante aprobación mediática” y que siguen «modelos antiguos y desfasados de desarrollo económico exógeno que no ayudan a reducir la pobreza ni la desigualdad, invertir en educación pública, salud pública y viviendas sociales pero desde una perspectiva para incrementar la calidad de vida de todas las personas en Panamá, no únicamente pensando en cómo maximizar las utilidades de las compañías privadas que, por ejemplo, construirían estas casas».
Y es que el libre mercado –y hasta el capitalismo- en Panamá no es tan libre. Ahora lo señalan hasta economistas conservadores e históricamente cercanos al poder como Chapman y Fernández, de INDESA. En el foro describieron el modelo panameño como “un capitalismo débil, patrimonialista, que se concentra en distribuir concesiones…un país de leyes especiales…que no cuenta con mecanismos eficaces para controlar monopolios y oligopolios”.
¿Fue quizás un discurso de rectificación disimulado el del ex ministro en CADE?. Para el ex precandidato a la Presidencia por el FAD, Richard Morales, «si lo fue, primero deben admitir su responsabilidad y ofrecer disculpas al país por su complicidad en la implantación de un modelo económico fracasado, que privatizó y concentró los activos que revirtieron a Panamá, entregando su aprovechamiento a las transnacionales y sus socios locales, despilfarrando las riquezas del país en una vorágine rentista y especuladora, cuyo legado es la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías, la corrupción institucional y la devastación ambiental». Y -agrega- debe venir acompañado de un mea culpa.
Por otro lado, el mea culpa del capitalismo se viene escuchando desde hace varios años ya. Desde la reacción a la publicación del libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, hasta el estribillo de economistas sobre “hacer más social el capitalismo” que adorna los discursos de los ejecutivos del mundo en los foros económicos de Davos cada año.
En Panamá, si es que llegó el mea culpa, llega un poco tarde. El otro Panamá, ese que está reprimido mediáticamente por el boom económico de los últimos años y las ansias de parecernos a Dubai, está emergiendo a la superficie con la pandemia. La obscena desigualdad en la garantía de servicios básicos como salud, agua, educación y comida se chocó de frente con la imagen de rascacielos y centro financiero que se proyecta en las revistas de inversión. Ahora es imposible mirar hacia otro lado.