Por: Rekha Chandiramani
Panamá se apresta a discutir en segundo debate la ley del cannabis medicinal. Se trata de una segunda propuesta sobre el tema (la primera fue la del ex diputado panameñista José Luis Castillo en 2017) que llegó de la mano de los oficialistas Crispiano Adames y Marcos Castillero en octubre de 2019. Su discusión pasó el primer debate también sin estar exenta de polémica.
Vinieron las elecciones, luego la pandemia y la ley quedó engavetada hasta hace unas semanas, cuando los diputados la desempolvaron para iniciar el segundo debate.
En esta fase, los diputados introdujeron al menos medio centenar de cambios. El más polémico fue el de restringir las autorizaciones para fabricación de derivados de cannabis medicinal a tres licencias «como medida preventiva, a fin de supervisar y monitorear el desarrollo del mercado interno». La medida se extendería hasta 2032. Una receta creada desde la Asamblea para un monopolio, duopolio u oligopolio para medicamentos derivados del cannabis.
Otro cambio polemico fue el aumento del pago «no reembolsable» por las licencias, que se elevó de la propuesta original de $10,000 a $150,000, además del requisito de activos millonarios para poder solicitarla siquiera al Minsa.
El profesor y economista Manuel Quintero Belda impulsa la legalización del auto cultivo, que no se toca en la propuesta en discusión. Tras fuertes críticas por las modificaciones en segundo debate, la propuesta volvió a otra comisión técnica en la Asamblea. Pero Belda, quien estuvo en algunas sesiones en 2019, cuenta que desde ese momento ya se olía que la ley iba en dirección a monopolizar la producción; y que sería de todo menos «beneficiosa para los pacientes».
Ni siquiera existe un registro de pacientes con enfermedades crónicas que se beneficiarían con la legalización, explica Quintero, y por el tamaño del mercado, el control unilateral del mismo por parte de pocas empresas, dispararía el costo de cualquier tratamiento, máxime cuando la propuesta restringe las licencias de producción a actores muy específicos.
Los cuatro tipos de licencia que plantea la propuesta de ley son
a) Licencia de importación de derivados de cannabis con fines de comercialización
b) Licencia de fabricación de derivados de cannabis
c) Licencia de uso de semillas y cultivo de planta de cannabis
d) Licencia para la investigación científica
El diputado oficialista Crispiano Adames, médico de profesión, es el proponente del proyecto de ley 153 junto con el también perredista y presidente de la Asamblea, Marcos Castillero.
Antes de ellos, la propuesta del panameñista José Luis Castillo -que data del 2017- también se bajó a primer debate pero a pedido del mismo diputado, entonces presidente de la Comisión de Salud, tras un viaje que realizó a Israel donde «logró obtener más referencias del potencial medicinal del cannabis».
La Estrella de Panamá reportó que Adames también viajó a Israel en 2018, pero al tratar de ubicar el informe de la misión en la página de transparencia de la Asamblea, no aparecen listados los viajes ni los viáticos de ese año, por lo que no queda claro el motivo de dicha misión. Hispaweed, un medio especializado sobre temas del cannabis, reportaba en 2018 que la postura de Adames era que apoyaría la iniciativa «siempre que no se permita el cultivo y producción de cannabis en el país».
La propuesta de ley está fechada al 8 de octubre de 2019. Unos meses antes se realizó en Panamá el congreso mundial de cannabis medicinal, Cannatech, cuyo principal patrocinador fue la empresa Khiron Life Sciences, registrada en Canadá y con oficinas operativas en Colombia. La empresa cifra en 12,000 millones de dólares el potencial del mercado cannábico de América Latina, que ascendería a un millón de pacientes.
La empresa ya está en Panamá. Khiron Life Sciences Panama S.A. se registró el 23 de julio de 2019, días después del ascenso del nuevo gobierno de Cortizo y tres meses antes de que llegara la segunda propuesta del cannabis medicinal a la Asamblea. El presidente listado es Mark Monaghan, Álvaro Torres como tesorero y Álaro Yañez como secretario, con la firma Morgan & Morgan como agente residente de acuerdo al registro público.
El empresario panameño de origen israelí, Raymond Harari, quien se auto describe como un ex-banquero devenido en emprendedor en el campo del cannabis, hizo su primera inversión en esta industria en 2016, y desde entonces ya acumula al menos 10 inversiones en ese campo. Harari también fue asesor de crecimiento estratégico para la compañía Khiron en Panamá entre marzo de 2019 a marzo de 2020, según su página de Linkedin y actualmente dirige Canalis Capital, una aceleradora de inversiones en el nicho.
No queda claro si hubo un acercamiento entre diputados u otros funcionarios del gobierno de Cortizo y las empresas que muestran públicamente interés por comercializar cannabis medicinal en Panamá. En la página del congreso Cannatech que tuvo lugar en la capital canalera a inicios del 2019, listan la participación de políticos, pero sin especificar nombres.
Si no llegamos a ser el «hub» del cannabis en la región, sin duda es un negocio rentable cuando las empresas se arriesgan a constituirse antes de que se legalice siquiera la planta en Panamá.
En el MINSA DE Panamá ya existen registrados 3 productos que contienen Cannabis. Por ahora todos dicen que solamente será importar, cultivar y vender la Cannabis medicinal, después pedirán la recreativa y así tendremos a una población adicta e improductiva. Tampoco han hecho ninguna investigación en Panamá que yo conozca acerca de los beneficios y efectos secundarios de esta planta. Desde que estábamos tratando de que aprobaron el proyecto 136 de tabaco que se le dio a los diputados Adames y Castillo, los cuales demoraron 5 años para agendarlo en primer debate y por insistencia de COPACET y las escuelas que fuimos marchan do a la Asamblea y a instancia de la diputada Abrego lo pusieron en agenda. Estos diputados dejaron de lado nuestro proyecto para impulsar el de cannabis teniendo como resultado que tuvimos que pedir el veto del 136 porque los diputados cambiaron 36 artículos a pesar de que ya se había consensuado en el primer debate. Creo que la Cannabis no se debe aprobar porque ya hay suficiente gente en nuestro país con insanidad mental lo que es sería aumentar la carga del gobierno para poder tratar a todos estos pacientes sabemos muy bien que el control de la importación de cannabis o cultivo de cannabis, como pensaba Castillo, no sería eficiente. Pronto abogarian por la Cannabis Recreativa en Panamá, lo que sería un grave error para nuestros adolescentes porque caerían en la ADICCIÓN Y LOS DAÑOS EN SUS CEREBROS SERÍAN IRREVERSIBLES. Yo espero que el MINSA SE PONGA FIRME y que NO APOYE A ESTOS COMERCIANTES DE LA SALUD HUMANA.