La delgada línea entre donar e invertir en una campaña política sustenta el “hoy por ti, mañana por mí” de las contrataciones públicas, un círculo vicioso del sistema electoral, incapaz de fiscalizar eficazmente el dinero que circula en las elecciones. Esta investigación explora el caso de las elecciones de alcaldes, responsables de un mayor presupuesto de gestión desde la aprobación de la ley de descentralización.
Por: Rekha Chandiramani
Hasta siete patrones delictivos se identificaron en las principales alcaldías del país, con la capital a la cabeza, tras cotejar el dinero que recibieron sus alcaldes como donaciones privadas y los importantes contratos públicos que se han firmado tras ganar las elecciones.
Con información del portal La Ruta de la Plata, una plataforma que ofrece en datos abiertos la información oficial que recibe el Tribunal Electoral sobre las donaciones de los candidatos a cargos de elección popular, se ha podido establecer una relación entre importantes contrataciones municipales y los donantes de campaña, además de irregularidades y omisiones en informes de ingresos y gastos de seis alcaldes de ciudades capitales del país y el populoso distrito especial de San Miguelito.
Favores legislativos, informes oficiales con datos opacos, contratos directos, compensaciones encubiertas y triangulación entre licitadores son algunas de las actuaciones irregulares esquematizadas por esta publicación, como clara antesala a faltas señaladas en los códigos electoral y penal.
Las prácticas identificadas en los municipios contravendrían el artículo 230 del Código Electoral que regula las donaciones privadas pero además, tras la obligada entrega bajo gravedad de juramento de los informes de financiamiento se configurarían en delitos que violan la Ley de Conflictos de Interés, el Código de Ética del funcionario y los artículos sobre fraude en contrataciones públicas del Código Penal.
Para radiografiar las fallas estructurales y detectar potenciales conflictos de interés en las contrataciones de las alcaldías, nombramientos y/o propuestas de iniciativas, contrastamos los informes de donaciones privadas con la información pública sobre contratos, concesiones, proveedores, planillas y publicaciones de prensa.
El magnificado margen de acción de los gobiernos locales, importantes pilares del funcionamiento, logística y planificación de ciudades cada vez más globales, coloca la gestión de las alcaldías bajo especial escrutinio.
Con injerencia directa en la zonificación, los planes de ordenamiento territorial, la aprobación de construcciones y obras, negocios que se abren o se cierran y el manejo del pujante turismo, las alcaldías concentran, además, el pago de impuestos comerciales, circulación de vehículos, publicidad, obras y construcciones, entre otras rentas. También reciben parte del impuesto inmueble que proviene del gobierno central para reforzar la descentralización, fondo que custodian para que beneficie a su vez a las 701 juntas comunales que están bajo los cargos de representantes.
Los 81 ediles electos en las pasadas elecciones recibieron 1.54 millones de dólares en donaciones privadas, según recogió La Ruta de la Plata, parte del programa Dinero Limpio en Elecciones de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
En esa relación, resalta, sobre todo, el monto reportado por la candidatura del hoy alcalde capitalino Mayer Mizrachi, postulado por el Partido Popular.
https://www.libertadciudadana.org/proyecto/dinerolimpio/la-ruta-de-la-plata/
El edil capitalino recibió 555,314.67 dólares en donaciones privadas, cinco veces más que el segundo alcalde electo con más donaciones reportadas, Diógenes Galván (Colón, por la libre postulación), quien recibió 107,100.00 dólares.
Siguen el alcalde electo de La Chorrera, Chuing (Eloy) Chong, quien reportó donaciones por 97,279.98 dólares (Partido Cambio Democrático); el alcalde de David (provincia de Chiriquí), Joaquín De León (Partidos Panameñista, CD y Alianza), quien reportó donaciones por 86,125.01 dólares y la alcaldesa por libre postulación de San Miguelito, Irma Hernández (84,302.28 dólares).
Completan la lista Jorge Herrera, del Partido Panameñista, quien ganó la Alcaldía de Aguadulce, provincia de Coclé (electo también diputado, cargo que ejerce dejando encargado a su vicealcalde) y recibió donaciones por 53,000 dólares y el alcalde de Chitré (provincia de Herrera), Juan Huerta, del partido Revolucionario Democrático, que recibió 50,226.85 dólares.
Solo ellos siete concentraron alrededor del 67% del total de donaciones que recibieron los 81 alcaldes electos en las pasadas elecciones.
Como referencia comparativa, en los cargos para presidente, los aportes propios alcanzaron en promedio el 6% de los fondos de origen privado, mientras que en las diputaciones llegaron al 19%. En cambio, los aportes propios de los 81 alcaldes electos sumaron $610,722, lo que representa el doble de los otros cargos. Es decir, cuatro de cada diez dólares de origen particular invertidos en campaña salieron —según certifica cada uno de ellos en su declaración jurada— del bolsillo del alcalde electo, y los otros seis los recibieron de donaciones privadas varias, ya fuera en efectivo, transferencia bancaria o en especie.
¿Donación o inversión?
Para esta investigación, se cruzaron datos de donantes con proveedores del Estado listados en Panamá Compra, específicamente para los municipios, las publicaciones bajo el Decreto 230 y la Ley 349, y además se consultaron los portales de contrataciones de los municipios de Panamá, Colón, San Miguelito, David, Chitré y Aguadulce, las planillas estatales y los medios de comunicación locales e internacionales.
Los tres primeros municipios (Panamá, Colón y San Miguelito) publican los actos de compra y los contratos y son fácilmente accesibles. El Municipio de Colón incluso publica las resoluciones de reclamo, las hojas de cotización y las declaraciones de no conflicto de interés de todos los proponentes, lo que igual tienen que hacer bajo gravedad de juramento. Los municipios de David, Chitré y Aguadulce tienen sus portales asociados al sitio madre municipios.gob.pa, pero, aunque aparece la pestaña de transparencia, no se encuentran los contratos ni licitaciones, a 31 de julio de 2026, como última fecha de acceso.
El cruce de datos disponibles da cuenta de las siguientes revelaciones y patrones:
- Donantes de campaña a candidatos a alcalde que luego se beneficiaron —directa o indirectamente— de decisiones, votos o contrataciones del candidato electo, aunque ocupando otro cargo. Es el caso del alcalde electo de Aguadulce, provincia de Coclé, el panameñista Jorge Herrera quien, además de ganar la alcaldía aguadulceña, ganó también una curul en la Asamblea y delegó la alcaldía a su reemplazo. Entre sus donantes al cargo de alcalde está José Ramón Icaza, que luego fue nombrado ministro del Canal y secretario de metas de la Presidencia.
- Donaciones de directivos y empresas que forman parte de conglomerados con contratos y concesiones del Estado. Por ejemplo, Jorge Herrera recibió una donación por 5,000 dólares proveniente de Inmobiliaria Estival, relacionada a un importante conglomerado financiero, Grupo BG, según se constató en los registros de emisores de la Bolsa de Valores de Panamá, con intereses en administradoras de fondos de pensiones privadas en Panamá a través de PROFUTURO. Herrera votó a favor de la reforma a la Ley 51 de la Caja del Seguro Social, que puso a disposición del sector privado la administración de más de 10,000 millones de dólares de los asegurados. Estas empresas y otras del mismo conglomerado, además de dignatarios del conglomerado económico mencionado, donaron también a otras campañas. Se trata de un beneficio económico indirecto a un donante al cargo de alcalde que se materializó en el ejercicio del receptor de la donación, pero desde el cargo de diputado.
- El principal donante de Diógenes Galván es Arteliz Construcciones, que aportó 32,900 dólares (30% del financiamiento privado total de su campaña), aunque el informe oficial de donaciones omite el nombre de su representante legal, RUC y dirección, datos que en el registro mercantil corresponden a Favio Abdiel Galván Niño, dedicado a la construcción y obras civiles. Si bien ninguna licitación municipal favoreció a la empresa, ésta se adjudicó en abril de 2024 un contrato por 48,099.30 dólares para mejoras del Instituto Comercial Panamá, firmado por la Dirección de Asistencia Social (dependencia presidencial, no del Ministerio de Educación) y refrendado en julio de 2024, ya con Galván como alcalde y bajo el gobierno de Mulino. Aunque el contratista puede alegar que la adjudicación inicial precedió la donación, el refrendo posterior, la atipicidad de la obra (contrato de Presidencia y no del Ministerio de Educación) y la concentración del financiamiento en un solo candidato configuran un patrón de opacidad y riesgo de captura del Estado a través de beneficios triangulados.
- Al revisar las licitaciones de los municipios, se detectó en algunas propuestas a los mismos directivos para distintas empresas, lo que, aún sin el conocimiento del funcionario, elevaría el riesgo de captura a una potencial colusión entre empresas que licitan en los actos públicos.
- El alcalde Mizrachi recibió una donación de la empresa Carbone, que luego se benefició con un contrato (fechado el 23 de septiembre de 2024) por 11,210,38 dólares, con la Junta Comunal de Alcalde Díaz.
- Directivos de la publicitaria La Unión también donaron y trabajaron en la campaña de Mizrachi, quien en 2025, una vez en el cargo, los contrató por 1.29 millones de dólares para servicios de publicidad institucionales. A pesar de que la entidad cuenta con un departamento de Comunicaciones, en una contestación a consulta del abogado Fredy Pitti que publicó el diario La Prensa, Mizrachi justificó la contratación de la empresa porque “la estrategia integral de comunicación institucional….requiere de equipos multidisciplinarios, herramientas técnicas y capacidades especializadas que exceden el alcance operativo ordinario de la estructura interna de la institución”. Este contrato, si bien está listado e identificado con el número 2025-5-76-0-08-LV-018186 no se encontró el documento per sé ni en el portal de transparencia del Municipio de Panamá ni en PanamaCompra.
- Otro donante de Mizrachi, Benjamín Méndez Kardonsky, presidente de Towerbank, habría obtenido un acuerdo con el Municipio para cobrar los impuestos municipales en criptomonedas, tal como reportaron diversos medios y como plasma una de las denuncias que interpuso el abogado Guillermo Cochez ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).
- La denuncia de Cochez —revisada por este medio— fue ampliada posteriormente para investigar otras cuatro donaciones a la campaña de Mizrachi que también violarían el artículo 230 del Código Electoral. Allí, lista las donaciones de Colon 2000 S.A. (concesionaria de los puertos de cruceros de Colón y Amador), la de Mohamad Elnesser (ligado al Consorcio COMSE, proveedor de llantas y baterías del Estado) y las donaciones de las compañías Bsiness Associati y Bernadette Limited, empresas que la propia Fiscalía Electoral no pudo encontrar en registros comerciales locales, y que, según la denuncia del abogado, son empresas extranjeras.
La ANTAI se declaró sin competencia para aceptar la denuncia de Cochez, remitiéndola a la Fiscalía Electoral que también archivó las denuncias, a pesar del revelador informe de auditoría de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Público del propio Tribunal Electoral, que concluyó lo siguiente: “Como resultado de la auditoría realizada al informe presentado por el señor Mayer Mizrachi (…) identificamos dos donaciones por un monto total de 30,000 dólares, que, a pesar de las consultas realizadas en las plataformas del Registro Público, Panamá Emprende del (MICI), Dirección General de Ingresos (MEF) y la gestión realizadas ante el Banco Nacional de Panamá, no fue posible confirmar si las personas jurídicas donantes desarrollaron actividades económicas dentro de la República de Panamá”. La auditoría termina con la recomendación de remitir el informe a Asesoría Legal y a la Fiscalía Electoral “por una posible contravención al Código Electoral” y sugiere una investigación penal-electoral por disonancia entre la conclusión jurídica del archivo y la evidencia documental que indica la necesidad de mayor esclarecimiento.
Sobre los patrones de contratación en general, el vicealcalde electo Roberto Ruíz Díaz, compañero de fórmula de Mizrachi, afirma que “se puede pensar que, al que donó, se le está pagando el favor con un contrato”, resumiendo una percepción popular que deteriora la confianza en el sistema.
Ante esa falta de transparencia, recalcó el caso de La Unión, la publicitaria que trabajó en la campaña y luego fue contratada por el municipio capitalino, como un ejemplo de la práctica que alimenta la creencia de que existe un intercambio oportunista.
Carlos Barsallo, abogado, especialista en transparencia, sector financiero, regulación bancaria y expresidente de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, explica que el donante de campaña no debe ser contratista o concesionario (del Estado) ni antes, ni durante ni después (de la campaña) porque, precisamente, así se previene no solo el conflicto de interés sino la materialización de un beneficio posterior, lo que desvirtúa el concepto de “donación”. El que dona esperando obtener algo a cambio no dona, invierte, acotó.
El difícil seguimiento del dinero: Follow the money
Los informes de las donaciones privadas tienen inconsistencias y contradicciones que ponen sobre el tapete dudas válidas sobre la veracidad y el alcance de los montos que se reportan y sobre todo la revisión y la fiscalización —muchas veces inexistente— por parte del ente rector: el Tribunal Electoral.
El análisis de los registros financieros revela patrones sistémicos de opacidad: fraccionamiento de donaciones para evadir umbrales de control, uso de direcciones ficticias y errores u omisión en los datos de identidad que imposibilitan la trazabilidad, participación de empresas extranjeras sin registro local, y circulación endógena de fondos a través de familiares y sociedades vinculadas al candidato. A ello se suman desembolsos concentrados en efectivo en etapas finales, con conceptos ambiguos que no se corresponden con las funciones declaradas, y pagos estandarizados a seguidores o activistas sin especificación de la contraprestación recibida.
El patrón más crítico es la contabilidad circular de aportes en especie, donde un mismo grupo de personas figura simultáneamente como donante y como receptor de gasto por el mismo monto y concepto, una duplicación incompatible desde la lógica contable que sugiere triangulación de fondos. Esta práctica puede servir para justificar ingresos no declarados, reciclar recursos de origen desconocido (al coincidir numéricamente con los aportes propios del candidato) o encubrir promesas quid pro quo. La coincidencia exacta entre los aportes declarados como fondos propios y los pagos en especie refuerza la hipótesis de una operación para dificultar controles efectivos.
El análisis del informe de campaña del alcalde Mizrachi arrojó las siguientes irregularidades:
- Donaciones fraccionadas: El 5 de abril, Saúl Faska Ezkenazi realizó un desembolso de 10,000 dólares, pero lo dividió en cinco donaciones de 2,000 cada una, asignando cada fracción a una empresa distinta (torres inmobiliarias). Todas las compañías comparten el mismo contacto telefónico, dirección de correo electrónico (@ffproperties.net) y representante legal. La operación se repitió el 1 de abril, con otro aporte de 10,000 dólares fraccionado de manera idéntica. Este mismo patrón se replica en los otros seis informes estudiados.
- Varias personas con cédulas panameñas aparecen registradas con direcciones de hoteles como lugar de residencia, un dato que resulta, cuando menos, anómalo y que dificulta la trazabilidad real de los contribuyentes.
- La madre, tíos y primos del candidato —todos con apellidos coincidentes— figuran entre los donantes, con aportes igualmente fragmentados. Esta práctica, aunque no es ilegal en sí misma, enciende una alerta: un candidato podría parcelar recursos y presentarlos como donaciones privadas para diversificar artificialmente el respaldo financiero. Esta práctica se repite en todas las candidaturas revisadas.
- Donantes extranjeros. Aparece una donación de 10,000 dólares a nombre de «Bsiness Associati», sin cédula, sin representante legal, sin dirección, sin teléfono y sin correo electrónico, pero que, según la auditoría del Tribunal Electoral es de una empresa que no tiene operaciones en Panamá, al igual que Bernardet Limited. Esta última está ligada al gerente de Towerbank, Benjamín Méndez Kardonsky, donante beneficiado con acuerdos con el Municipio. Ambas donaciones estarían incumpliento una de las prohibiciones del artículo 230 de Código Electoral.
- Errores en la identificación de personas. Algunos donantes están registrados con su segundo nombre en el campo del apellido, lo que añade confusión a la verificación de identidades y sugiere una elaboración descuidada del informe o deliberadamente opaca.
- Geeky Motors, una sociedad anónima cuyo representante legal es el propio Mayer Mizrachi, realizó un aporte registrado como donación privada y no como fondos propios del candidato. Aunque técnicamente la ley podría permitir esta figura al tratarse de una persona jurídica distinta, el caso evidencia el riesgo de que candidatos con alto poder adquisitivo utilicen sus propias empresas para financiar campañas bajo la apariencia de donaciones externas.
- El informe de gastos incluye un pago de 1,500 dólares a Oddette Díaz, con el cargo de contadora y con el número de factura o recibo 001. La misma profesional registra un segundo cobro de 2,500 dólares, esta vez bajo el concepto de «vehículos rotulados», en una partida que no corresponde a sus funciones declaradas. Además, la contadora recibió dos cheques el 24 de abril, ambos en concepto de «pago personal el día de las elecciones», por un total de 30,000 dólares. A estos se suma un tercer pago de 80,000 dólares por el mismo concepto, lo que eleva a 110,000 dólares los desembolsos de última hora para repartir entre “personal electoral”. El propio vicealcalde Ruiz Díaz indicó que esto no es extraño, ya que la contadora ejercía también como una suerte de administradora, sin embargo, los fondos desembolsados en efectivo el día de las elecciones y los montos registrados como donaciones y pagos en especie no quedan del todo transparentados y podrían haberse destinado a fines distintos a los declarados.
- Los activistas de campaña aparecen registrados como «gastos» con montos variables pagados en cheques, pero sin mayor desglose que permita entender la naturaleza de esos desembolsos.
- Esto se suma a un pago en especie a 250 personas tanto en marzo como en abril, cada una por un monto de 150 dólares, bajo el renglón «activista». Es decir, 37,500 dólares por mes (dos meses), totalizando 75,000 dólares. La falta de especificación abre una interpretación curiosa, ya que el monto total pagado en especie a los activistas (75,000 dólares) coincide de manera exacta con el aporte que el propio Mizrachi declaró como aporte de fondos propios a su campaña.
- Pagos y donaciones en especie. Otros 75,000 dólares aparecen registrados simultáneamente como donación privada en especie de los activistas y como pago en especie a los activistas, es decir, los activistas habrían donado al candidato la misma cantidad que habrían recibido de la campaña. Se infiere esta relación porque muchos de los nombres de los donantes en especie y los activistas pagados en especie coinciden. El vicealcalde Ruiz Díaz confirmó que uno de ellos lo contactó para indicarle que se le solicitó llenar dos formularios con sellos del Tribunal Electoral, uno como donante y otro como receptor, con la promesa de recibir un empleo que nunca llegó. Esta doble contabilidad es incompatible. Si los activistas donaron su trabajo, no debería registrarse como un gasto de campaña. Si la campaña les pagó, no debería aparecer como una donación. Y si hubo una promesa de empleo de por medio, esto podría encubrir posible triangulación de dinero (recursos que entran por una vía y salen por otra), donaciones anónimas o no declaradas, justificación de ingresos no registrados para dar apariencia de legalidad a fondos de origen desconocido.
Sobre el informe completo del que se nutre este trabajo, Roberto Ruiz Díaz fue contundente al señalar que los montos declarados (y entregados al Tribunal Electoral por los candidatos) no reflejan la realidad de las campañas. “Si te pones a ver toda la campaña que hubo en medios, vallas publicitarias, no se compadece con el total…allí hubo más plata”, dijo refiriéndose en general a los gastos que declaran los candidatos en comparación a la ostentación visible de las campañas. Y aporta una prueba más contundente: la donación de entre 7,000 y 8,000 dólares que hizo a nivel personal a la campaña de Mizrachi no aparece registrada en el informe financiero, según declaró en entrevista para esta investigación.
El relato de Ruiz Díaz se origina en el corazón de la campaña y fungiendo como secretario general de la Alcaldía de Panamá en los primeros días de gestión, apuntando hacia un posible conflicto de intereses y una contabilidad que despierta dudas, de las que alertó a la Fiscalía Electoral, sin que haya recibido respuesta alguna.
Si bien la sola inconsistencia de la información no se traduce en falta, la declaración jurada que acompaña el informe de ingresos y gastos de campaña sí configura delitos como perjurio o falso testimonio, en caso de que el candidato haya cometido la omisión o el error con conocimiento o sin conocimiento de causa, porque en ese documento certifica bajo gravedad de juramento que cumplió con toda la legalidad.
¿Por qué el tamaño importa?
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Descentralización, los municipios reciben gran parte del Impuesto del Bien Inmueble (IBI) que pagan los propietarios de casas y apartamentos anualmente, además de fondos de descentralización, que en el último quinquenio ha multiplicado el presupuesto de las alcaldías del país, tal como explica la arquitecta Raisa Banfield, ex vicealcaldesa de la capital (2014-2019).
Si se suman las autorizaciones para apertura de negocios, permisos de construcción y obras, planes y cambios de zonificación y de ordenamiento territorial, los municipios han consolidado el poder de redibujar (o desdibujar) la naturaleza de los distritos.
Con la mayor cartera de fondos (que aporta la descentralización) para contrataciones, se abre un nuevo interés económico en la gestión municipal, que recibe millones de dólares de recursos del Estado sin la fiscalización más pertinente.
Según Banfield, la promulgación de esa norma marcó un punto de inflexión en la gestión urbana del país. Muchas funciones centralizadas antes en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) han pasado a ser responsabilidad de las alcaldías. Un cambio inicialmente positivo, porque descentraliza el manejo del territorio, se convierte en un arma de doble filo. “Ahora las alcaldías están en el centro de los intereses económicos de las inmobiliarias y las desarrolladoras”, precisa la ex vicealcaldesa.
Las constructoras, inmobiliarias, empresas de bienes raíces, diseño y arquitectura son efectivamente fuentes importantes de financiamiento directo o indirecto para las campañas alcaldicias. Y no es casualidad, según el análisis de Banfield, que alerta sobre un modelo de desarrollo que trata el territorio como mercancía, utilizando mecanismos de expulsión como el cambio de densidad de suelos para disparar los impuestos en barrios populares, forzando a los residentes a vender a bajo precio, transfiriendo la plusvalía a los desarrolladores.
Esta lógica se complementa con obras de infraestructura ejecutadas de forma prolongada y agresiva —como la renovación de El Chorrillo— que deterioran la calidad de vida hasta provocar el abandono del barrio, para luego captar compradores con mayor poder adquisitivo. El patrón, subraya, se repite en toda la ciudad: barrios ricos junto a barrios “residuo” (Bella Vista/Curundú, Costa del Este/Juan Díaz), con inversión y servicios diferenciados que fragmentan el tejido urbano y profundizan la desigualdad, colocando a Panamá como el segundo país más desigual de Latinoamérica.
El modelo se refuerza con la privatización de megaproyectos (Panamá Pacífico, Costa del Este, Santa María), que operan como enclaves manejados por entes privados donde los servicios públicos quedan sin autoridad responsable, generando un limbo legal para los ciudadanos. Banfield advierte que «promover centros comerciales y viviendas para extranjeros no es generar ciudad sino negocio”, configurando un archipiélago tóxico: islas de riqueza rodeadas de pobreza y abandono.
Decisiones urbanísticas como la denunciada consulta en el Parque Omar para cambiar la zonificación en San Francisco, que se hizo con aforo limitado y convocando a residentes de otros corregimientos, coincide con las advertencias de Banfield, que además apela al espíritu de protección medioambiental y participación ciudadana del Acuerdo de Escazú suscrito por Panamá en 2020 a través de la Ley 125.
Este escenario conecta directamente con la relación del financiamiento privado de las campañas electorales y las decisiones de planificación urbana, donde la opacidad en los aportes privados protege los intereses de los grandes grupos económicos que pueden hacer de las alcaldías los facilitadores de un saqueo que opera tanto por vía fiscal como por infraestructura.
Los siete informes de campaña revisados para esta publicación contienen donaciones de empresas constructoras, inmobiliarias, de diseño o de venta de materiales de construcción y/o servicios generales, o bien de otras empresas que forman parte de grupos económicos con intereses en los sectores de construcción, inmobiliaria o mantenimiento en general.
En el distrito de Panamá, el más grande y codiciado por esta industria, uno de cada cinco dólares que entró a la campaña del alcalde Mizrachi provino de estos sectores.
Los intereses de la importante mega industria se manifiestan en los patrones de actuación resumidos en la siguiente gráfica:
Vicio de origen
A priori, esta investigación plantea un metafórico vicio de origen: una norma creada para favorecer la amplia participación política, la restringe por motivos económicos.
Que quien aspire a dirigir un municipio deba tener dinero y/o capacidad efectiva de recolectarlo, podría indicar un “defecto estructural” en la norma electoral que, prevista para garantizar derechos políticos, como la libertad de ser elegido en una contienda electoral, plantea cuestionamientos que deben atenderse.
La candidez con la que el entonces magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Araúz lo planteó públicamente no necesita mayor análisis: “El que no tiene plata que no se meta en política”, declaró en 2022, mientras sustentaba la solicitud de presupuesto en la Asamblea Nacional.
La proporción de las donaciones privadas en las candidaturas electorales y su relación con el éxito o no de las mismas, genera escenarios electorales “extremadamente inequitativos”, de acuerdo con el politólogo Harry Brown, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). En un artículo sobre el tema, plantea que “el descontrol de las donaciones privadas excluye a la mayoría de los actores de la competencia electoral y empobrece el debate de ideas.
También entrega el Estado al tráfico de influencias, promueve la corrupción y abre las puertas de la política al dinero ilegal. Asimismo, neutraliza los potenciales efectos positivos del financiamiento público, además de promover que sea percibido como innecesario y excesivo, lastimando la confianza en toda la institucionalidad electoral”.
Además de los recursos propios que declaran los candidatos, el engranaje electoral privado se completa con la donación directa de otras personas, empresas y fundaciones: seis de cada diez dólares en el caso de las candidaturas a alcaldías en las últimas elecciones, según datos de La Ruta la Plata.
El Código Electoral las regula en forma, origen y con topes. Pueden hacerse en efectivo, cheque, transferencia bancaria (ACH) o en especie, en cuyo caso debe registrarse el nombre del donante, el detalle de la donación y un valor asignado. Los candidatos deben señalar la naturaleza, origen y datos de cada donante, su identificación, teléfono, dirección y montos de la donación, ya sea que provengan de personas naturales o jurídicas. Esa información queda registrada generalmente de forma incompleta.
Con el propuesto “vicio de origen” que sella la inequidad en los procesos electorales, vale preguntarse, además, ¿quién, por qué y para qué se dona a campañas políticas?.
La muestra de este trabajo, los siete alcaldes electos que reportaron ingresos en donaciones privadas (incluyendo fondos propios) por encima de los 50,000 dólares en las elecciones generales de 2024, establece patrones de concentración de dinero, brechas e inconsistencias en la financiación electoral que generan zonas grises en las que caben potenciales violaciones del Código Electoral, la Ley de Contrataciones Públicas y el Código Penal.
El ratón que cuida el queso
La sofisticación de las prácticas señaladas en este trabajo periodístico radica justamente en su opacidad.
Barsallo señala dos mecanismos clave que utilizan los candidatos y sus financistas para burlar los controles. El primero es el uso de personas jurídicas para canalizar donaciones, lo que impide rastrear al beneficiario final. El Tribunal Electoral, precisa, no puede verificar porque no tiene acceso al registro de beneficiarios finales. El segundo es aún más artero: usar a personas que recogen el dinero y figuran como donantes para ocultar a quienes no quieren que aparezcan sus nombres, pero son los que van a exigir los beneficios. Una operación que busca, deliberadamente, evadir el escrutinio.
Pero la creatividad para eludir la ley no se detiene allí. El especialista describe otra retorcida estrategia: la triangulación de favores. ”Se puede configurar una maraña a través de triangulación para los tráficos de influencia”, detalla con un ejemplo: dos servidores públicos, cada uno con sus propios donantes, podrían ponerse de acuerdo para que cada uno beneficie al donante del otro. De esta forma, se rompe la relación directa que saltaría a la luz con una investigación básica.
Colusión, tráfico de influencia, fraude en contrataciones públicas, uso de información privilegiada y todo lo que pueda configurarse como delitos contra la administración pública queda oculto, bajo la apariencia de legalidad, recalca.
“El problema no empieza en los expedientes, que son cuasiperfectos”, advierte. La clave está en la fase previa, en la decisión de qué comprar, dónde y a quién. La improvisación y la urgencia se convierten en aliadas de este círculo vicioso: se crea una necesidad que debe suplirse de manera urgente, y ahí aparece mi socio, mi amigo, mi familiar o mi donante. Este modelo aniquila la competencia, ya que “se reemplaza la búsqueda del mejor precio y producto por la lógica del reparto: hoy me toca a mí, mañana te toca a ti”, sostiene el jurista.
El costo para el Estado es inmenso, traducido en obras de menor calidad, sobreprecios y una profunda desconfianza ciudadana.
En última instancia, Barsallo reconoce que el desafío es mayúsculo: desentrañar una red que, como él mismo describe, ha perfeccionado el arte de la apariencia, donde la corrupción se disfraza de legalidad y el delito se oculta tras la complejidad de las operaciones financieras y la complicidad de quienes, desde el poder, deberían ser sus primeros fiscalizadores.
El informe de auditoría de la Dirección de Fiscalización del Tribunal Electoral fechado el 5 de agosto de 2025 a propósito de la denuncia contra el alcalde capitalino, describe como “limitante” que no cuentan (el TE) con acceso directo a las plataformas o sistemas de información de otras entidades públicas o privadas, lo cual imposibilita la verificación de las donaciones realizadas por personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas dentro de Panamá. A confesión de parte, relevo de prueba. Aunque quisieran, resulta imposible dar con el ratón que se come el queso.
En este escenario, se (des)dibujan nuestras ciudades sin planes de ordenamiento territorial, permisos de construcción arbitrarios, gentrificación y políticas locales sin plan integral, en las que priman los intereses privados, se desarrollan unas áreas a expensas de otras y se perpetúa la desigualdad como herencia inevitable en uno de los países más ricos y más empobrecidos del mundo.
Y usted, ¿en qué barrio de la ciudad vive?
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Esta investigación fue realizada bajo el auspicio de las Becas Siguiendo La Plata para periodismo de datos, otorgadas por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Redacción e investigación: Rekha Chandiramani. Edición: Ana I. Cerrud.