FinCen Files es la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) -la misma que publicó los Panama Papers- que el pasado domingo reveló datos emanados de más de 2,000 reportes de actividad bancarias sospechosa, que presentaron bancos corresponsales y entidades financieras ante el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen). Algunos datan de una década atrás.
Por: Rekha Chandirmani
El par del FinCen en Panamá es la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que está adscrita a la Presidencia. Y los reportes de actividad sospechosa son cosa de todos los días para los bancos. ICIJ no publicó los documentos en crudo, y solo listó algunas de las transacciones, las que tenían -según el disclaimer del consorcio- mayor mérito de sospecha. Según Bloomberg, la filtración solo representa el 0.02% de los reportes que habría recibido FinCen entre 2011 y 2017.
El reporte en sí no es sinónimo de delito para las partes, ni para el banco que reporta ni para el reportado. Algunos de los reportes se archivan sin mayor mérito y los criterios para encender las alarmas también varían de un país a otro. Aquí es donde los patrones, las inconsistencias y la motivación del país de perseguir el delito -o no- juegan un papel importante: son los que eventualmente llevarían a FinCen, o a la UAF, a profundizar en la investigación de una transacción bancaria sospechosa, y llevarla -si amerita y con suficientes elementos- a los tribunales.
Los FinCen fueron filtrados, según ICIJ, al medio estadounidense BuzzFed, que luego los compartió con el consorcio y éste a su vez con más de 100 medios en 88 países. Por Panamá participa el diario La Prensa, que en un reportaje el pasado domingo adelantó que en los documentos filtrados sobre Panamá se mencionan empresas vinculadas a la familia Waked -que tiene algunos miembros en la lista Clinton desde 2016- además de reportes sospechosos de una «transnacional con operaciones en Panamá», y la reiterada descripción del país como jurisdicción «riesgosa».
Sobre Panamá, la investigación lista 123 transacciones que involucran a 11 entidades bancarias, de las cuales algunas de ellas ya no están en Panamá o fueron compradas por otras. El monto enviado en las transacciones reportadas como sospechosas totaliza $23.10 millones y el monto recibido totaliza $19.69 millones.
Entre los bancos mencionados por ICIJ hay bancos de licencia general e internacional. Entre ellos está el Credicorp, por ejemplo, que provocó una alerta en 46 transacciones y el Towerbank, que tiene 19 transacciones señaladas.
El Banco Credit Andora, que tiene licencia internacional tiene 19 transacciones listadas como sospechosas en la investigación. Andbank, por su parte, tiene otras 10 transacciones listadas. Ambas entidades financieras son protagonistas en la trama de corrupción de Odebrecht. A éstos bancos fueron a parar $16 millones a nombre de los padres de Jimmy Papadimitriu, ex ministro de Ricardo Martinelli. Los depósitos los hacía Odebrecht desde la Caja Dos, que también utilizó éstas mismas entidades financieras para canalizar coimas a otros políticos y funcionarios en la región por varios años.
También están listadas transacciones de bancos ya desaparecidos de la plaza, como HSBC, cuya operación en Panamá fue comprada por Bancolombia; o como las de Multibank, que fue comprada por la colombiana Grupo Aval.
También hay reportes de transacciones para Banco Trasatlántico, MMG Bank (del conglomerado Morgan & Morgan, que también tiene un buffete de servicios legales), Banco General, Capital Bank, Banesco y Prival Bank; todos con licencia general.
Todos los movimientos de dinero en dólares estadounidenses pasan por ese país. Por tanto, todas las transacciones desde y hacia Panamá pasan por bancos corresponsales en Estados Unidos. Estos bancos fueron los que reportaron las transacciones sospechosas a FinCen. En el caso de Panamá, el Bank of New York Mellon, el Standad Chartered, JP Morgan Chase & Co, The North Trust Company, HSBC Holding, Deutsche Bank y China Investment Corp. Algunos de estos bancos han sido investigados y multados por facilitar o carecer de suficientes controles para evitar el ingreso de dinero sucio al sistema bancario mundial y por otras malas prácticas. La multa de $150 millones a Deutsche Bank por «fallos de procedimiento, errores y negligencias» que le impuso Estados Unidos, por ejemplo, o la lista de multas que acumula JP Morgan por malas prácticas, entre ellas una por casi mil millones por ocultar pérdidas, o bien la multa récord de $1,900 millones que impuso Estados Unidos a HSBC por facilitar el lavado de dinero son algunos ejemplos.
Las acciones de algunos de estos bancos se desplomaron ayer en la bolsa como reacción a la publicación de las historias. En lo que coinciden expertos es que si bien controlar el 100% del origen y destino de los fondos que entran al sistema bancario, es virtualmente imposible, los bancos, los reguladores y los países deberían estar haciendo más.
La UAF
La Unidad de Análisis Financiero es el par del FinCen en Panamá. Está adscrita a la Presidencia de la República, aunque muchos piensan que su ubicación correcta estaría bajo el paraguas de la Superintendencia Bancaria- o incluso que debería ser un ente autónomo y técnico, como lo plantean Gafilat y el FMI. Carlos Barsallo, director de Transparencia Interacional, capítulo de Panamá, explicó que la recomendación de estos organismos surge tras las evaluaciones país que hacen desde 2000 y que concluyen que la UAF debe salir del paraguas de la presidencia para evitar que la información sensitiva que allí se maneja, se use con fines políticos.
Pero el abogado subraya que no es suficiente con que salga de la Presidencia, sino también para dónde iría. Lo importante es «garantizar la independencia operativa, técnica y funcional» de las unidades de análisis financieros. Cita una informe del FMI del 2012, donde el organismo señala que el trabajo de la UAF no ha conducido a la detección y/o condena de casos significativos de blanqueo de capitales. «La mayoría de los casos enviados para investigación son cerrados en el ámbito de persecución y las autoridades judiciales no conocen algún caso emanado de la UAF que haya devenido en una condena por blanqueo. Otra de las piedras en el zapato que mantienen al país en las listas grises.
En 2014, por ejemplo, la UAF recibió 1,005 reportes. De éstos, 77% correspondieron a actividades bancarias, 16% provenían de las casas de remesas, 3% de casas de valores, 2% de casinos, y el resto es de los otros sujetos obligados a reportar actividades sospechosas. El de 2014 es el último reporte público en su página de internet. Desde ese momento, la página se actualiza básicamente con actividades administrativas y seminarios.
Justo fue en 2014 que Panamá volvió a entrar en la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI) , en las postrimerías del gobierno de Martinelli y en los albores del de Juan Carlos Varela, que emprendió una serie de reformas que acabarían con las acciones al portador y allanarían el camino para que Panamá aceptara -bajo la presión de los Panama Papers- el intercambio de información financiera y fiscal con algunos países, además de la creación de un registro de beneficiario final, que se concretó en la administración actual de Laurentino Cortizo.
Pero a pesar de la recomendación que han hecho organismos internacionales desde hace 20 años, y aún en el escenario post Panama papers, la UAF no salió del control político de la Presidencia. Incluso durante todo el quinquenio pasado, la UAF fue administrada por ex militares y ex policías, extendiendo a esa unidad el secretismo que los caracteriza.
Ese año, en 2014, la UAF manejó un presupuesto de $768,480 y puso multas por $212,600. Hoy está administrada por el economista David Saied, quien salió del Ministerio de Economía y Finanzas un mes después de inaugurada la administración de Cortizo para pasar a dirigir la UAF.
La Superintendencia de Bancos panameña por su parte, supervisa a los bancos a través de inspecciones periódicas o por denuncias específicas que atiendan. Y publica, desde 2015, las multas que impone a bancos de la plaza por violaciones al régimen bancario. Hasta ahora las multas suman $6.74 millones desde 2015, contra varios bancos privados y oficiales. Entre ellos están el Credicorp, el Capital Bank, Multibank y Banesco, mencionados ahora en los FinCen Files como receptores o emisarios de transferencias bancarias reportadas en Estados Unidos.