Por: Grisel Bethancourt
Armas de guerra, pistolas, rifles y municiones propiedad de los estamentos de seguridad de Panamá, fueron a parar a manos de civiles. Pero, ¿cómo llegaron esas armas a civiles en medio de una veda decretada por el gobierno hace casi una década?
Lo que era un secreto a voces en los corrillo se confirmó con los allanamientos y el decomiso de armas que adelantó la policía panameña en la operación ‘Furia’ el pasado 14 de julio. Personas ligadas a estamentos de seguridad y el poder judicial estaban asociadas al ingreso de armas a través de esos mismos estamentos, sirviendo de intermediarios incluso para ‘legalizar’ los permisos de las armas en el mercado negro.
Allanamientos simultáneos en las áreas de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas fueron ejecutados por la Fiscalía Superior Contra la Delincuencia Organizada, donde encontraron 13 fusiles, 1 rifle, 16 pistolas y 4 escopetas y aprehendieron a 19 personas.
Entre los aprehendidos están el exdirector de la Policía Nacional durante el periodo presidencial de Juan Carlos Varela (2014-2019), Omar Pinzón y Julio Moltó, ex jefe del Consejo de Seguridad y de la Policía en el periodo presidencial de Ricardo Martinelli (2009-1014). Además hubo un allanamiento en una casa localizada dentro la finca del ex secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, simultáneamente a las residencias de otros empresarios locales, a quienes se les investiga por haber introducido las armas.
Las armas son propiedad del Estado según la fiscalía panameña. Fueron compradas y legalizadas con número de serie en la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), que hace parte del Ministerio de Seguridad. Algunas armas entraron al país en el 2012, según confirmó en conferencia de prensa el fiscal superior Emeldo Márquez.
Aunque los allanamientos se hicieron hasta ahora, el caso fue abierto en marzo de 2019 por el ex fiscal Superior Contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, quien sorpresivamente fue enviado de vacaciones en 2019 por la entonces procuradora Kenia Porcell, justo cuando instruía otro caso similar. Se trata de un caso por tráfico de armas de guerra que inició en 2017 y donde están imputados el exdirector de la DIASP, Ovidio Fuentes, la exjefa de la oficina de permisos de armas, Ivette Flores Forero y el ciudadano británico Yu Ki Tong.
La alejamiento del fiscal de dichos casos fue una decisión tomada bajo la administración de la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell. En ese mismo momento también enviaron de vacaciones al fiscal y subalterno Gilberto Salado, encargado de tramitar el caso de la carpetilla 201700057925 (Tong, Fuentes, Flores).
El Ministerio Público hizo rotaciones tras el regreso de Mendoza, pero sin comunicarlo públicamente, como suelen hacerlo. Fue enviado a la Fiscalía Superior de Homicidio/Femicidio, donde se encontraba al frente el fiscal Superior Emeldo Márquez y este último pasó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
No solo se rotó al fiscal superior, sino que otros funcionarios operativos de casos sensitivos y de alto perfil también pasaron a la unidad de homicidio y femicidio.
Aún cuando la investigación del nuevo caso, contenido en la carpetilla 201900014171 por tráfico internacional de armas, pasó desapercibida por más de un año y 4 meses bajo la instrucción del propio Márquez, con esta operación ´Furia´el fiscal asesta un duro golpe al engranaje más alto de la seguridad en el país, pero ahora bajo la nueva administración del procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa.
La similitud de los casos radica en la adquisición de armas de guerra prohibidas en Panamá y legalizadas por la DIASP. Esta vez involucra a los jefes de los estamentos de seguridad, que se suman a las anomalías en la DIASP. Entre las armas decomisadas, hay algunas con especificaciones israelíes.
Las autoridades del Ministerio Público investigan las ventas de armas incautadas y documentos de las armas adquiridas y legalizadas. En la audiencia de garantía se imputó a los exdirectores del Servicio Nacional de Fronteras, Frank Abrego; Omar Pinzón, ex director de Policía Nacional y Belsio González del SENAN los cargos por tráfico de armas.
También el juez imputó cargos contra Rafael Bárcenas, ex director de la Autoridad Aeronáutica Civil, y Jack Betesh, agente importador de las armas investigadas a través de la compañía ‘Aerotécnica’. Otros imputados con cargos son Luis Cegarro, Roberto García Dapena y Juan Pineda.
La medida cautelar impuestas es la de depósito domiciliario e impedimento de salida del país para los tres ex jefes de estamentos de seguridad pública y otras tres personas, mientras que García Dapena y Pineda deben reportarse periódicamente. El fiscal no logró la detención preventiva de los imputados.
La Fiscalía trata de acreditar que a través de las importaciones de armas reportadas para estamentos de seguridad, éstas fueron a dar a manos de civiles, teniendo en cuenta la veda de importación de armas que existe de hace casi una década en el país.
La Operación Furia recuperó 34 armas de los lotes entregados a los estamentos, entre las que había armas de guerra.
El abogado Ángel Alvarez, quien representa al ex director del Consejo de Seguridad del gobierno anterior de Varela, pidió una audiencia de afectación donde no compareció ni se notificó la fiscalía superior que investiga el caso. La misma se programó para el 28 de julio.
Argumentó que las armas encontradas en una finca en Río de Jesús, provincia de Veraguas son heredadas. López no fue detenido por la fiscalía el pasado 14 de julio.
López era considerado uno de los hombres más poderosos en materia de seguridad y control del país. Mantenía cuadros policiales en distintos estamentos de seguridad incluyendo la Procuraduría General de la Nación, durante el periodo de Porcell. Era un brazo influyente del presidente Varela, según revelaron las supuestas comunicaciones del ex presidente filtradas en el portal Varelaleaks a finales del 2019.
Así operaba la DIASP
La investigación realizada por las periodistas Zaida Herrera y Grisel Bethancourt, dentro de un proyecto en alianza con Connectas, el diario La Prensa y El Digital Panamá, develó el actuar ilegal de la DIASP.
El 18 de septiembre de 2018, a las 10:05 de la mañana, Ivette Flores Forero cumplió con una citación judicial y respondió un interrogatorio ante el ex fiscal especializado de delincuencia organizada, Gilberto Salado.
Allí reveló el modus operandi del mercado ilegal de permisos de armas expedidos durante el periodo de Fuentes: “Yo mantenía acceso a los expedientes de las personas no recomendadas. Me pedían que firmara un permiso de arma, el cual ya venía firmado por el director Ovidio Fuentes”, explicó la mujer de 54 años, quien, desde el 30 de octubre de 2016 hasta mayo de 2017, fue la jefa encargada del Departamento de Permiso de Armas de la DIASP.
La entrevista rendida por Ivette Flores Forero dentro de la investigación -carpetilla 20170005725- muestra que en la DIASP se registraba el flujo de trámites para permisos ilegales, mientras en el país rige una veda de importación desde 2012.
Flores Forero también dijo que los trámites consistían en mandar a buscar el expediente directo desde los archivos de la DIASP previa orden emitida por Fuentes, donde reposaban los registros de armas de fuego, sin el consentimiento de ella como jefa encargada del Departamento de Permiso de Armas.
La finalidad era confeccionar el permiso de porte o tenencia el mismo día, sin cumplir con los requisitos establecidos.
Las 66 armas que ingresaron desde Estados Unidos de forma ilegal fueron atribuidas a Yu Ki Tong, las mismas fueron legalizadas por la DIASP a través de una oficina “VIP” al mando de Ovidio Fuentes.
Tanto la Operación Furia como el caso del expediente secreto del escándalo de armas, tendrían una misma raíz: la legalización en un mercado negro de armas de guerra traficadas por funcionarios de estamentos de seguridad.