Por: Rekha Chandiramani y Grisel Bethancourt
Comprar tarjetas para el celular o comida. Esa fue y sigue siendo la disyuntiva en muchos hogares de Panamá, el país centroamericano que alberga el Canal.
La pandemia envió a los estudiantes a casa. Las clases se reanudaron meses después en modalidades virtuales. Pero según cálculos de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) —que agrupa a más de 7,000 educadores— la pandemia dejó sin escolaridad a 476 mil estudiantes, casi la mitad de la población estudiantil.
El profesor Luis Sánchez, secretario general de AEVE, sostiene que la educación a distancia no logró su objetivo. Plantea que las guías o módulos “nunca llegaron a tiempo y que no todas las escuelas del país las tienen». El Ministerio de Educación admitió en octubre que 57,526 estudiantes «no han podido ser contactados». En otras palabras, perderían el año escolar.
Sobre la conectividad, Sánchez dice que ésta se ha convertido en un problema económico. Y es que el gobierno panameño no ha podido garantizar la conectividad efectiva de todos los profesores y sus estudiantes, cuya matrícula en 2018 llegó a 1,067,347 entre colegios oficiales y particulares.
A pesar de haber abierto frecuencias adicionales a las cuatro compañías telefónicas que operan en Panamá (Cable & Wireless, Tigo-Cable Onda, Claro y Digicel) sin costo para que ampliaran el ancho de banda de la red, los planes de datos siguen siendo el cuello de botella para concretar el acceso democrático a una educación a distancia.
El acuerdo
El gobierno demoró meses en concretar un «acuerdo entre operadores de telecomunicaciones», que luego ratificó la ASEP el 11 de septiembre y que en resumen restringe dicha «solidaridad» en las líneas prepago —8 de cada 10 celulares en el país — a 200 mensajes de texto y 100 minutos de voz intrared.
Solo los clientes post pago, es decir, el 20% o 2 de cada 10 líneas móviles, pueden tener un plan de datos de 1.5GB pagando 7 dólares mensuales, y hasta el 31 de diciembre.
(De viernes 11 de septiembre de 2020) Gaceta Oficial No, 29115-A
El acuerdo, plasmado en la Resolución AN 16330-Telco y publicado en la Gaceta Oficial número 29115-A el pasado 11 de septiembre, incluye el acceso gratuito a seis páginas gubernamentales: la del Ministerio de Salud (Minsa), de Educación (Meduca), de Seguridad, a la Asamblea, el del plan Panamá Solidario y la página del Ministerio de Comercio para validar salvoconductos.
En síntesis, los planes de datos gratuitos para el 80% de los abonados a un servicio de celular se redujo a minutos de voz y mensajes de texto. La opción de un paquete de datos por $7 se reservó para el 20% que tiene contrato fijo postpago. El acuerdo claramente restringe a su mínima expresión todo el potencial y calidad de la educación virtual, que en estos momentos es la única disponible.
Al consultar vía Whatsapp al servicio de asistencia de las diferentes telefónicas para conocer cómo se activan dichos planes, todas indicaron que el interesado se debía registrarse en la página del Meduca, pero aclararon que sólo aplican para estudiantes de colegios oficiales cuyos padres estén registrados como beneficiarios del plan Panamá Solidario, dentro del cual el gobierno distribuye vales a personas afectadas económicamente durante la pandemia, personas con contratos laborales suspendidos, algunos desempleados e informales.
Sánchez también recalcó que existen miles de hogares que son analfabetas digitales, es decir, que conocen ciertos instrumentos tecnológicos, más no tienen conocimiento pleno de las TICS. El embudo ha tenido su trabas en una gran cantidad de familias —describe Sánchez en entrevista para Con las manos en la data—, que se encuentran en pobreza multidimensional, sin agua, sin luz, sin condiciones de salud y sin dinero. Señaló que los educadores comenzaron con la cobertura de internet gratuito, pero que en “algunas áreas ni siquiera llega la señal de internet, principalmente en las de difícil acceso”.
En este contexto, con más de 280,000 contratos laborales suspendidos durante la pandemia —solo se ha reactivado un tercio— un 45% de informalidad laboral en el país y teniendo 8 de cada 10 celulares en modalidad prepagado, la opciones tan restringidas para planes de datos encapsuló —una vez más— la educación a distancia para quienes pueden costear los servicios por contrato, o bien para quienes pudieron cambiarse de modalidad prepago a postpago.
Y fue justo durante la pandemia que se concretó la llegada al país de la multinacional Millicom y su marca Tigo, tras la compra de Cable Onda (tv e internet) y de Movistar Panamá. Datos de la ASEP dan cuenta de que a pesar que la cobertura de móviles alcanza al 96% de la población, solo 38% del territorio tiene cobertura.
La profesora y consultora en temas de infancia, Ileana Gólcher, critica la negociación del gobierno con las telefónicas. «Se ha fallado, porque teniendo una matrícula significativa de más de 800,000 estudiantes, y siendo el Estado quien da las concesiones a éstas empresas, además de ser socio mayoritario en una de ellas —Cable&Wireless Panamá—, no entiendo cómo (el gobierno) no pudo ejercer su derecho a reclamar más, si es para fines educativos y no comerciales», indicó.
Los gremios magisteriales se han expresado en la misma línea. Piden al gobierno que garantice el acceso a internet de todos los estudiantes y los profesores para el próximo año. Algunos gremios rechazan regresar a las clases presenciales hasta tanto no llegue la vacuna contra la Covid-19 al país. Por otro lado, AEVE también reclamó al Meduca que sustente el impacto de los 30 millones de dólares que costó la plataforma educativa Ester.
Además, el problema de la conectividad es solo uno de los tantos que se multiplicará en 2021, año para el cual el Ministerio de Educación ensaya un plan piloto de educación semipresencial. La ministra Maruja Gorday admitió que más de 300 escuelas no tienen agua para garantizar las medidas de higiene necesarias y que todavía persisten más de 800 escuelas ranchos en todo el país. El Meduca no respondió las preguntas enviadas hasta el cierre de este reportaje.
Gólcher, por su parte, recordó que todos los estudiantes que no se localizaron y los que no pudieron cumplir con las asignaciones mínimas, quedarán rezagados. Sumando la migración de estudiantes de escuelas particulares y los estudiantes que repitan de año, los salones podrían saturarse, explicó la educadora. También lamentó que «esto va a aumentar la brecha entre los más vulnerables… hay materias que requieren talleres, laboratorios… y esa deficiencia quedará como una mancha oscura en el currículum para toda la vida, porque no hay manera de recuperarlo».
Sánchez, educador en una escuela oficial, dice que su gremio advirtió de la migración al Meduca hace meses, y pidió el nombramiento de más docentes para atender esa nueva demanda de estudiantes que migrarán de las escuelas particulares al sector oficial. Para el próximo año, sobre el que no hay decisión en firme aún, los educadores agremiados piden dotar de equipos a los estudiantes, liberar el internet a todos, una «priorización adecuada del currículo» y la libertad de elaborar sus guías y módulos según las necesidades del estudiante.
Si en la educación pública llueve, en la privada no escampa. La conectividad es solo uno de los obstáculos para madres como Zilka Taymes, una relacionista pública que terminó sacando a su hija de la escuela particular en la que estudiaba. Como madre soltera, trabajaba independientemente hasta que la pandemia paró sus proyectos en seco y tuve que empezar a sacar cuentas. «Pude haber costeado dos meses del colegio, pero al tercer mes, no podía”. Sacó a la niña del colegio y consiguió unas guías en Estados Unidos para que continuara en ‘homeschooling’ —sistema de educación en casa acreditado en países como Estados Unidos—, mientras espera la resolución de la queja que presentó contra el colegio en Acodeco.
En el camino, Zilka lidia con decepción, enojo, tristeza, llanto y estrés, un cóctel que le reactivó la enfermedad crónica que tenía latente. Aun así, no está sorprendida. Dice que el gobierno no le puso las reglas del juego a las escuelas privadas, que describió como «mucho más fuertes que el sindicato de la construcción y que otros”.
“El gobierno se rindió y dieron su brazo a torcer ante las escuelas privadas. No hay un discurso nada estable”, lamenta Zilka en medio de la entrevista con este medio.
Panamá tiene un sistema dual de educación como muchos otros países. La enseñanza se bifurca en dos cabezas: el sector oficial y el sector privado. Pero una de las particularidades del sistema educativo panameño es que la demanda de la educación privada es proporcional a las debilidades de la enseñanza oficial. Un paradigma que alimenta contradicciones de inmensas proporciones.
Aunque la Constitución panameña protege la educación como un derecho, y de hecho la garantiza de manera gratuita, el presidente de la Cámara de Comercio panameña, Jean-Pierre Leignadier, lanzó un dardo en medio de la pandemia que desnudó la rentabilidad detrás de ese derecho: «Debemos tener cuidado extremo en que el objetivo de elevar estándares en la educación pública no signifique la destrucción de la enseñanza privada, como parecen sugerir algunos».
Una encuesta sobre educación realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) y publicada en marzo, estableció que el 77.3% de los encuestados consideró como prioridad que el sistema educativo debe «garantizar que todos reciban la misma calidad en educación”.
Y es que la pandemia ha puesto el jaque ambos pilares del sistema educativo panameño. No hay un solo culpable; es un problema integral y complejo, que no podríamos -ni pretendimos- abordar en toda su extensión en este reportaje. Son tantas las aristas del problema, y con años de arrastre, que ha terminado por convertir a los estudiantes en meros espectadores de un derecho que ejercen todos menos ellos, los niños y niñas que supuestamente lo poseen.