Por: Grisel Bethancourt
7:50 de la noche del lunes 9 de marzo, la población en Panamá recibió la confirmación por parte de las más altas autoridades de salud del país del anuncio del primer caso de coronavirus.
A medida que pasaban los días se iban conociendo nuevos casos y la incertidumbre por lo desconocido y el miedo aumentaba. Supermercados, farmacias abarrotadas y las empresas distribuidoras de productos de limpieza y salud se desabastecían ante el descontrol de una parte de la población que buscaba equiparse de productos para evitar el contagio. Era evidente que a gran parte de los residentes en el país, nacionales o extranjeros, le invadía el temor y la incertidumbre.
La corrupción, la inseguridad, el alto costo de la canasta básica familiar y los escándalos de alto perfil que se ventilaban por meses en redes, cadenas de WhatsApp o medios pasaron a segundo plano en esos primeros días de la llegada del “coronavirus” a Panamá. COVID, pandemia, coronavirus, virus, contagios, miedo y sobre todo muerte se convirtieron en las palabras más utilizadas por los habitantes de este país. Las conferencias de prensa diarias encabezadas por la ministra de Salud de ese entonces y su equipo más cercano de trabajo se convirtieron en los momentos de mayor rating del prime time de la televisión local y en tendencia inmediata las redes sociales Twitter e Instagram.
Paralelamente a esta crisis de salud otra crisis iba en aumento: la delincuencia.
16 días después de ese nueve de marzo ante el considerable aumento de casos bajo un Decreto Ejecutivo la población quedó confinada en una cuarentena. “Ante los casos registrados y confirmados en Panamá se hace inminente extremar las medidas sanitarias para la mitigación de la enfermedad del coronavirus”, señalaba el decreto de ese entonces. Paralelamente a esta crisis de salud otra crisis iba en aumento: la delincuencia. El país de la gran economía se desplomaba en sus actividades comerciales y financieras, cedía ante la COVID-19.
El accionar del crimen organizado daba señales de no estar en cuarentena. La ley 67 de 1947 que aprueba el Código Sanitario de Panamá señala que corresponde al Ministerio de Salud tomar las medidas necesarias para hacer desaparecer toda causa de enfermedad comunicable o mortalidad especial, así como el control de todo factor insalubre de importancia local o nacional. Mientras que el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Panamá dispone que toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad e inmigración.
Tanto el artículo 27 de la Constitución Política como la Ley 67 que aprueba el Código Sanitario en la República de Panamá establecen las reglas que la mayoría de los residentes del país ha estado obedeciendo, el crimen organizado las desafiaba e infringía. Mientras los estamentos de seguridad rigurosamente hacían cumplir a la población el decreto sanitario vigente, que entre otras cosas, impedía la plena movilidad de hombres y mujeres e implementa un toque de queda estricto, parece que a la delincuencia no. Las cifras sobre el crimen organizado en el país durante el periodo de marzo al 30 de julio así lo demuestran.
Los homicidios entre los meses de marzo y julio de 2020 reflejan 205 víctimas, los femicidios con 12 casos, la incautación de droga alcanzó 45.8 toneladas y se judicializaron a integrantes de nueve pandillas. Las denuncias receptadas estuvieron por el orden de 22,319 a nivel nacional, según el análisis estadístico para este reportaje.
Las cifras fueron comparadas durante el periodo comprendido de cinco meses de confinamiento (marzo – junio de 2020) y cuarentena por género y movilidad de dos horas diarias; lunes, miércoles y viernes las mujeres, martes y jueves los hombres. Sábado y domingo de cuarentena total.
Los resultados demuestran un aumento en la criminalidad
Un informe anual que realiza el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá denominado “Seguridad Ciudadana en Tiempos de COVID” detalla una radiografía de la seguridad ciudadana del país, registrando importantes hallazgos en casos de homicidios que aumentaron en la comarca Ngabe Buglé o en la región de Azuero, los que demostraron un aumento significativo, explicó Renán Arjona, Coordinador del Observatorio.
“Me llamó mucho la atención las estadísticas de homicidios que se dan en la comarca Ngabe Buglé, hay un 800% de aumento o sea, hubo 8 homicidios en el primer semestre del 2020 frente a víctimas del primer semestre del 2019”, agregó Arjona.
La abogada penalista y criminóloga Guillermina Mc Donald al hacer un análisis de los primeros meses de cuarentena en el país frente a la ola de criminalidad explicó que estos crímenes que han ocurrido están estrechamente relacionados a la masacre que hubo en el centro penal La Joyita el 17 de diciembre de 2019 que dejó 13 muertos. Recordó la jurista que para ese momento comenzaron a circular una serie de videos, fotografías de crímenes horrendos, era una advertencia de lo que iba a ocurrir.
Atribuye la criminalidad en el país durante este primer periodo de pandemia a que “los estamentos de seguridad se pusieron a cuidar entre comillas a los ciudadanos para que no salieran, a tratarlos como delincuentes cuando los encontraban en la calle, sin embargo, los verdaderos delincuentes hacían lo que les daba la gana y nunca fueron agarrados in fraganti”.
Nosotros somos responsables, cuestionó la criminóloga McDonald, quien aseguró que no es una crítica, ya que los estamentos de seguridad en las conferencias diarias trataban de explicar todo, pero no nos hablaban cómo estaban evitando el crimen.
Lo mataron el 11 de mayo. Él me llamó para felicitarme, me cantó y bailó. «Voy a hacer un viaje«, fueron las últimas palabras de Gabriel Antonio Batista en ese día tan especial para su madre, Graciela.
Esta mujer vivió el giro más inesperado de su vida, en su cumpleaños. Una madre que no asume en estos cuatro meses, el asesinato de su penúltimo hijo, de siete que procreó, a manos de desconocidos en un atroz hecho de sangre, mientras el confinamiento era severo y solo volvió a ver el rostro de Gabriel, de vuelta en un ataúd frente a su casa. No pudo despedirlo en el cementerio, por ello, el féretro fue llevado a su puerta, narró Graciela. El hecho corresponde a un triple homicidio ocurrido la noche del 11 de mayo en un paraje, entre El Chumical y Bique del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, cuando tres hombres identificados como Gabriel Antonio Batista de 35 años, Yoel Gordón Camarena, de 32 años y Giordiano Erico Case Meneses, de 30 años recibieron una descarga de disparos de fusil Ak-47 y de pistola 9 milímetros. Una cuarta víctima sin identificar también apareció sin vida cerca a esta área.
Gabriel tenía un bote de pesca, llevaba gasolina en el carro, ese día iba a emprender un viaje al mar, pero no hubo retorno. Su madre siempre le advertía que no confiara en nadie, no contara sus cosas, solo una persona sabía hacia donde iba ese día. Advierte que «lo vendieron».
Al recabar información en investigaciones propias, una de las versiones indican que fueron los autores del crimen dos hombres vestidos de policías o que se hicieron pasar por supuestos policías. Ese 11 de mayo en la escena del crimen, junto a los tres cuerpos había un pico, una pala y un machete, explicó su madre, tras conocer cómo encontraron a su hijo. El brazo de Gabriel estaba comenzando a ser desmembrado, tenía un corte, pero quien o quienes perpetraron los tres crímenes, no tuvieron tiempo para terminar el encargo y desaparecer los cuerpos de las tres víctimas, según fuentes que pidieron reserva.
El 12 de mayo, los diarios locales informaron de los cuatro asesinatos en Panamá Oeste, las autoridades policiales confirmaron la noche sangrienta. Tres de las víctimas tenían antecedentes penales y habían estado detenidas en los pabellones 11 y 14 del centro penitenciario La Joyita. Gabriel mantenía 14 disparos en su cuerpo. Rápidamente crearon una teoría de posible vendeta ligada a la masacre de la cárcel La Joyita, ocurrida el 13 de diciembre de 2019, producto de una división de una banda delincuencial que operaba dentro del penal, donde se disputaban el liderazgo de territorio y narcotráfico.
La cuarentena había revivido la estela de muertes que produjo la división de cabecillas, que dirigía una peligrosa organización de El Chorrillo y Panamá Oeste, dentro y fuera del penal.
Graciela confirmó que su hijo conocía a alguna de las víctimas. Más allá del por qué ocurrió la muerte de su hijo, no ha encontrado justicia. «Dios solo sabe por qué hace las cosas, pido que me dé fuerza de voluntad, era uno de los más chicos. Rezo mucho a Dios, tengo una foto al lado de mi cama…perder a un hijo a esa edad. Me sentía tan mal que no pude ir al cementerio«, dijo con una voz resignada de madre. «Esto, está como que no pasa nada, como es el hijo de la cocinera, no pasó nada. Lo mataron y ya. Unos cuantos están enterrados, muertos y ya», reclama Graciela.
Esta escena de una estela de crímenes de forma sigilosa, evadiendo retenes, pasando por ellos, uno tras otro en Panamá Oeste el mes de mayo, alcanzaron el máximo de casos en el confinamiento total durante la cuarentena con más de cincuenta (50) hechos de sangre de niños, mujeres y hombres como víctimas de la delincuencia organizada. El jefe policial del área de Panamá Oeste, Leslie Howard para esta fecha indicó ante un diario local que se trataba de una guerra pandilleril, luego del fraccionamiento de los integrantes de una de ellas. Era el panorama del día a día en el país en áreas donde la noche de encierro era desafiada para delinquir.
Existen una serie de hechos correlacionados al aumento de delitos en la que están inmersos grupos criminales junto a pandillas, homicidas y narcotraficantes. El Coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá considera, basado en el estudio realizado sobre el comportamiento criminal, que hay muchas aristas, muchas situaciones que le han afectado a las víctimas del delito para denunciar y por ende no presentan denuncian formal.
“No es que no quieren, es que las condiciones del país no les permite llegar al lugar a ponerla”, argumentó Arjona.
Las cifras obtenidas del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) y la revisión de los informes de gestión y estadísticas del Ministerio Público para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, nos permitió en este reportaje hacer una comparación gradual de cinco delitos de incidencia a nivel nacional. Se trata de homicidio, femicidio, crimen organizado, pandillas y narcotráfico.
Todos tuvieron características al alza en un periodo de tiempo comprendido entre marzo – julio del 2020, donde hubo mayores restricciones de movilidad por motivos de la COVID-19.
Para los años 2017 a 2019 en los meses estudiados, los homicidios registraron un promedio de 179 casos, para el año 2020 en los mismos meses se contabilizan 205 crímenes, lo cual representa un incremento del 14.50% del año actual.
Al mes de mayo de 2020 le corresponde la más alta cifra durante la cuarentena con 56 homicidios. Hubo un detonante. Los diarios locales informaron que del 1 al 16 de mayo, fueron las dos semanas más sangrientas con 35 homicidios. El periódico Mi Diario publicaba en uno de los hechos de sangre, que en plena pandemia tres sicarios llegaron a la puerta de una casa en Panamá Norte, llamaron a su propietario y le propinaron 6 disparos. Dramas como este se repitieron en las casas de otras de las víctimas.
El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino aseguró a Mi Diario que los hechos criminales estuvieron ligados a la delincuencia organizada.
“Nosotros vamos hacer lo que haya que hacer para combatir el crimen organizado”. “Negar la entrada de la droga a Panamá, porque la pelea es la droga”
Juan Pino, ministro de Seguridad Pública de Panamá
En un análisis sobre los hechos demostrables en los comparativos del actuar criminal durante las fechas de confinamiento de la pandemia, el exfiscal contra la Delincuencia Organizada, Roberto Moreno recordó y coincide con otros entrevistados, que antes de la pandemia la masacre en la cárcel generó una serie de venganzas entre pandillas y la pandemia permitió que fuera más fácil ubicar a estas personas que estaban en sus casas para ajusticiarlos por motivo de esa masacre.
«La pandemia no hizo que esto se olvide. Siguen con sus conflictos y con sus venganzas. Siento que la misma pandemia ha sido un distractor, porque muchos de los recursos de la Policía, que es el ente que debería manejar la inteligencia para anticipar el actuar de estas organizaciones criminales estuvo distraída. El recurso humano es limitado en las actividades propias de la situación de pandemia y también recordar que las organizaciones criminales no están inactivas durante la pandemia»
Roberto Moreno, exfiscal
La variación porcentual de las estadísticas criminales por el delito de homicidio demuestran en el periodo de 2017 al año 2020, el comportamiento del crecimiento del delito, lo ha tenido el año vigente desde marzo al mes de julio, pese a la restricción de movilidad por género y en horarios de dos horas organizado por el último número de la cédula de identidad.
El mes de mayo se convirtió en el es más violento de los últimos cuatro años del mismo periodo con un 64,7% de crímenes cometidos en el país. Que hace un total de un incremento de homicidios en un 14,5 % en comparación con los mismos meses de estudio del 2017 al 2020.
El actuar del crimen organizado es particular, el exfiscal Moreno mantiene una teoría algo discutida en la sociedad y la comparte diciendo que, al estar supuestamente la población confinada en sus domicilios, la Policía consideró que no era necesaria esa patrulla permanente porque se supone que los ciudadanos están recluidos en casa, pero los criminales, sobretodo el crimen organizado que no siguen las reglas de la sociedad, que no respetan la norma y la convivencia. No van a preocuparse por ese tema de la cuarentena; van a buscar la forma de seguir en sus planes o actividades eso es una posibilidad y por supuesto hay que hacer un estudio.
Nahaniel Murgas, que dirige la Fiscalía Superior de Asociación Ilícita o Antipandillas del Ministerio Público de Panamá concuerda en que no hay que perder la objetividad, la mayoría de las víctimas y victimarios -al referirse a la masacre de La Joyita- estaban próximos a audiencia ante los tribunales por el delito de pandillerismo y otras causas por los cuales estaban siendo investigados.
«En este periodo de pandemia por las restricciones a las actividades propias del Ministerio de Seguridad, se han registrado homicidios en las propias residencias de estos pandilleros, por las rivalidades existentes entre grupos, por el control territorial, porque estas personas tenían casos pendientes dentro de su organización», describió el fiscal Antipandillas.
Una de las razones de lo que pasa en el área Oeste del país es lo ocurrido con la masacre del centro penitenciario La Joyita en diciembre de 2019, esto ha traspolado y se han incrementado a principios de año los homicidios, detalló Murgas. Agrega que es una estructura criminal que estaba sólida y que por problemas internos se ha polarizado; eso ha traído una secuela de consecuencias que incrementaron los homicidios.
«El Ministerio Público con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial se ha enfocado en estas investigaciones en distintas facetas tanto de homicidios, pandillas y el resto de los despachos investigan cada una de sus actividades delictivas», asegura el fiscal Antipandillas.
Las pandillas en Panamá son parte de la modalidad del crimen organizado, son subcontratadas por grupos criminales superiores para cometer actos delictivos como la movilización de droga, el sicariato, inclusive para participar en los pocos secuestros que hay en el país y esta es la forma como las pandillas subsisten, detalla la fiscalía de Asociación Ilícita.
Del año 2015 al periodo de septiembre de 2020, la Fiscalía de Asociación Ilícita ha judicializado a 2,500 integrantes de pandillas. Bajo el sistema judicial mixto inquisitivo se registraron 37 operativos antipandillas en el 2017 – 2018; con el Sistema Penal Acusatorio para las anualidades 2019 -2020 las cifras de operativos fue de 7 con un total en estos cuatro años de 44 operativos a nivel nacional.
Solo en la capital del país de marzo al 5 de agosto se registraron 72 homicidios, aunque no todos por delitos de pandillerismo, pero existen casos donde pandilleros estuvieron involucrados, según informes de esta fiscalía.
La Cámara de Comercio en su Observatorio de Seguridad Ciudadana estableció que en la última encuesta de victimización que realizaron en el año 18-19 al preguntar ¿Por qué considera que el barrio en el que habita es inseguro? El 30% respondió que por pandillas o bandas frente a un 19% que hubo en el 2017. Un 24% por presencia de delincuente y un 13% por venta de drogas.
«Por primera vez nos dicen en una encuesta que por venta de droga hay una percepción de inseguridad donde habitan. Eso lo que indica es que en esas área se estaba desarrollando un problema crítico de narcotráfico que hay que atender, que las instituciones de seguridad deben estar más alertas, más atentas porque se percibe inseguridad en esas poblaciones», detalla Renán Arjona, Coordinador del Observatorio que presentó el estudio denominado: Informe en tiempo de COVID.
Arjona continúo su análisis detallando que «si miramos Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas han aumentado los casos de homicidio en comparación al 2019. Son provincias que tienen áreas costeras en las playas, entonces allí hay una situación que se está dando».
La connotación del narcotráfico bajo el mando de grupos criminales, la subcontratación de pandillas y el resquebrajamiento de estas estructuras delincuenciales, para resguardar la droga y el control territorial son los ejes principales de los detonantes de crímenes cometidos en el 2020.
«Pareciera que se trasladó la violencia a Panamá Oeste. Es el epicentro de la violencia. Se ha notado en Colón la disminución es muy positiva, todos estamos contentos con eso, pero no sabemos si es por medidas concretas o realidades distintas de las organizaciones criminales», señaló sobre la situación del accionar de violencia de las bandas del crimen organizado, el exfiscal Roberto Moreno.
El narcotráfico nos pone en la mira nacional e internacional de las autoridades que luchan contra este flagelo. Es uno de los temas que inciden en las cifras del crimen organizado analizados en este reportaje.
1 de mayo de 2020, en el portal de una residencia, con un toque de queda vigente, un hombre encapuchado disparó contra Matilde Pierce Pineda, asesinándola en el sector 7 de Belén en el corregimiento de Tocumen. La mujer recibió heridas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza, tórax y en el pie izquierdo.
En un hospital del sector Este de la capital dictaminaron su muerte. El pistolero en medio de la oscuridad caminó y huyó de la escena sin ningún tipo de restricción.
28 de mayo de 2020. Un hombre fue llevado en una avioneta hasta San Miguel, una isla del pacífico panameño. No dudó en interceptar a su objetivo, era una mujer. El victimario logró estar cerca y le disparó.
Se trataba de Luz María Berríos, oriunda de la isla, quien se convertía en la cuarta víctima en seguidilla de crímenes en el país en un lapso de doce horas. Un supuesto sospechoso fue atrapado por las autoridades.
Para el mes de julio, una madre de 17 años y su pequeña hija de 2 años no sobrevivieron a un ataque con arma blanca, en un hecho registrado en la comunidad rural de Nueva Providencia, provincia de Colón.
Estas historias fueron parte de la estela de noticias que se dedicaban a diario en medios locales, cifras iban en aumento contra mujeres. El femicidio como delito penal tuvo incidencia en los casos de hechos criminales en el país. Es también el 2020 el que se perfila con mayores hechos con 12 casos en el periodo de cuatro meses de marzo a julio, durante la cuarentena por la COVID-19.
Solo el mes de julio presentó la mitad del total de casos de muerte contra mujeres, que en comparación a los meses estudiados desde el 2017 a 2020 para ese mes, la cifra comparativa superó el 260%.
En total, el aumento fue sustancial de 71.4% en este periodo de pandemia con crímenes contra mujeres tipificados como femicidio. La Comarca Gnäbe Buglé, área indígena ocupa el primer lugar con 5 casos en el 2020.
El rango de edad de las víctimas de femicidio en el primer semestre del año 2020 estuvo entre los 5 a 54 años.
De los crímenes en la comarca Ngábe Buglé hay un 800% de aumento porcentual. O sea, hubo 8 homicidios en el primer semestre del 2020 frente a cero víctimas del primer semestre del 2019, destacó Renán Arjona, del Observatorio de Seguridad Ciudadana.
No hubo discriminación contra la mujer para cegarles la vida en diferentes condiciones de vulnerabilidad y desventaja frente a sus victimarios.
El 29 de junio de 2020, una embarcación con cuatro tripulantes fueron aprehendidos en una operación de interdicción marítima en aguas panameñas. 492 paquetes de droga se mantenían ocultos en la lancha que atravesaba el Archipiélago pacífico de Las Perlas, en el área de la isla de Pedro González, reportó el Servicio Nacional Aeronaval un día después de la incautación.
En el caribe cuatro ciudadanos colombianos en el mes de mayo fueron interceptados con la ayuda de las autoridades norteamericanas a través de un guardacosta, al noreste, cerca de la costa arriba de Colón con más de una tonelada de droga. El operativo antinarcóticos se realizó en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Guna Yala y Colón.
El narcotráfico podría ser el epicentro de la ola criminal en el territorio nacional. El exfiscal contra la Delincuencia Organizada, Roberto Moreno se atreve a decir que las organizaciones criminales aprovecharon el narcotráfico para hacer sus traslados de la sustancia ilícita por el territorio nacional o por nuestras costas.
Aunque las cifras de narcotráfico mantiene números bajos de incautaciones en los últimos 7 meses del año con 45,8 de toneladas decomisadas en el país, Moreno argumenta que el narco «ha aprovechado la situación de que había menos gente, personas en las playas, pescadores, era el momento ideal para ejecutar sus delitos; ellos no tienen las limitaciones que tiene un ciudadano normal para movilizarse, tienen los recursos y la forma de permear mediante actos de corrupción, incluso, conseguir salvoconductos y formas para moverse, entonces esta pandemia no ha sido un obstáculo de ninguna clase para que el crimen organizado continúe sus actividades».
«Me llama la atención que pareciera que las incautaciones han disminuido, probablemente han pasado, eludido los controles con mucha más cantidad de droga de la que se incauta. Esta actividad no ha disminuido, ha continuado porque en los mercados destinos Norteamérica, Europa no ha habido cuarentena, usan sus mascarillas, pero no ha habido cuarentena como tal. Así que el consumo no ha disminuido, si la gente está activa en esos mercados donde se distribuye la droga, la demanda está activa y hay oferta», explicó Moreno.
Entre el 2017 al 2019 en Panamá hubo un promedio de incautaciones del 79,3% de toneladas de drogas por los estamentos de seguridad.
El Subprocurador de la Nación y Fiscal Superior Antidrogas, Javier Caraballo aseguró a este equipo periodístico que sí hay una relación directa o proporcional en muchos de los homicidios, que se han dado. Pertenecen a un área territorial o a una pelea de ingreso o salida de drogas del país, al referirse a los grupos criminales locales.
Caraballo explicó que una vez inician las restricciones de la pandemia tienen un bajón en las incautaciones que habían estado fuertes en los tres primeros meses del año. Había más retenes en la calle. Resulta interesante que este bajón se mantiene entre abril y mayo, y los grupos criminales logran reajustarse y empiezan a tener incautaciones importantes al mes siguiente.
Al liberarse las restricciones el fenómeno vuelve a subir el nivel de incautaciones y estas dos últimas semanas (a inicios de septiembre) han sido bastante importantes; más de 40 toneladas de droga son las cifras que mantiene la fiscalía de drogas en cuanto a estupefacientes y cargamentos incautados.
En cuanto a la relación del narcotráfico y los homicidios apuntó y coincidió el Fiscal de Drogas con los hechos sangrientos en Panamá Oeste, que son áreas con acceso al mar. «Las células de estos grupos criminales que se han hecho fuertes y han logrado establecer y marcar su territorio para introducir droga por esta área y frente a cualquier otro grupo que intente introducir droga por esta área, ellos reaccionan de forma violenta. Es decir a través del tumbe de drogas, quitarle la droga a otro grupo, a través de ajusticiar a estas personas que intenten utilizar sus rutas», sentenció.
Estos informes oficiales de la fiscalía indican que lo mismo ocurre en la provincia de Colón con estos grupos criminales, muchos de los homicidios y las vendetas que se dan son precisamente, que grupos se sienten en capacidad de dominio de un puerto y sienten que hacen peligrar este e incurren en homicidios.
La percepción del Observatorio de Seguridad Ciudadana en cuanto a la delincuencia organizada y el narcotráfico hace comparaciones con algunos países de América Latina, considerando que ha disminuido la delincuencia y el narcotráfico producto del cierre de fronteras y aeropuertos, para estos grupos criminales es muy difícil el transporte de carga de cocaína o algún tipo de droga de un país a otro al tener entradas cerradas, generalmente lo están haciendo por mar.
Las cifras en las incautaciones indican que hay cambios interesantes durante la enfermedad de la COVID-19, este aspecto importante lo compartió el Subprocurador Caraballo al indicar que entre el 89 a 90% que se incauta es cocaína, al ser Panamá un área de paso desde el país productor Colombia.
Sigue habiendo una variación importante en las incautaciones específicamente en cargamentos de marihuana, ahora el 70% es cocaína en las incautaciones y el 30% restante marihuana. «No hay una explicación clara de la tendencia, entran 600 a 700 paquetes de marihuana, hace muchos años esto se había superado».
Caraballo tiene su propia teoría del aumento de ingreso de la marihuana al mercado del tráfico ilícito en este tiempo de pandemia, al señalar que el cambio radica en que es más barata. Todavía no puedo decirlo de forma categórica». Este periodo de pandemia ha permitido la venta de golosinas en el modo de microtráfico con sustancias como la marihuana. También introducidas en gelatinas, brownies y chocolates confeccionados por grupos criollos.
«Es extremadamente peligroso y el joven burla la supervisión del padre. El consumo puede resultar más perjudicial que por las vías tradicionales», aseguró el fiscal Antidrogas de Panamá, cuya modalidad es más frecuente en México como en algunas áreas de Estados Unidos.
Guillermina McDonald exfiscal y jurista en el área penal plantea que el tema de la droga no ha parado durante la cuarentena y no va a parar, no es un secreto que cuando agarran un cargamento está destinado a ser agarrado para que otro mucho más grande pase.
Los operativos de crimen organizado han dado un giro, aunque en comparación al periodo de marzo a julio de 2017 a 2019 donde no se registró ningún golpe a estos grandes grupos criminales; este año asestaron cinco los golpes a la delincuencia organizada. Mientras que la recepción de denuncias ha estado baja, la variación ha sido de hasta de un 36% menos que en el 2019.
El crimen organizado está establecido en la Ley en base a la convención de Palermo, donde hay grupos de más de 3 personas que tienen permanencia en el tiempo, no puede ser una actividad de una sola ocasión, una actividad recurrente.
Las actividades de crimen organizado son muchas y las que más impactan a Panamá es que es territorio de tránsito y lo que deriva es el narcotráfico, como el delito blanqueo de capitales, los cuales generan mucho dinero y es la forma de utilización en el comercio. Los narcotraficantes no pueden aparecer con una bolsa de 15 mil dólares o un carro, no se lo van a permitir, es buscar la forma de convertir sus ganancias a dinero utilizable en el comercio, explicó el exfiscal Roberto Moreno.
Renán Arjona en el análisis de la Cámara de Comercio sobre las cifras criminales, piensa que hay muchas aristas, muchas situaciones que le afectan a la víctima del delito para denunciar y por ende no presentan denuncian formal. «No es que no quieren, es que las condiciones país no les permite llegar al lugar a ponerla».
Arjona se refiere a delitos menores como robo, hurto o por ejemplo violencia doméstica que tienen algún tipo de incidencia en las estadísticas criminales.
Por su parte, Roberto Moreno observa que hay mucha superficialidad en las investigaciones, los estamentos de seguridad están abrumados, tienen que ver con estrategias de investigación, los países tienen que tener estrategias de investigación criminal, no solo criminológicas sociales. Hay que definir cuáles son los temas prioritarios y mandar los recursos, la capacitación y los esfuerzos hacia ese tema, esa decisión es de las autoridades, tienen que decir en qué nos queremos enfocar, lograr y cuáles son los delitos de prioridad.
McDonald apunta a que la falencia durante la pandemia se encuentra en una verdadera política criminal de hacer prevención y readaptación de los ciudadanos que vuelven a caer en la actividad criminal. Explica desde el punto de vista criminológico se pensó que la COVID-19 iba a evitar que un sector de la sociedad no saliera, pero se encontraron con otro sector de la sociedad que sufre de sociopatía y muchos son psicópatas que iban a reaccionar contra eso. Sin seguir las reglas.
Los grupos organizados se han valido de todas sus artimañas, dinero e ingenio, al punto de penetrar a funcionarios del sector público en cargos de alto perfil.
El fiscal Javier Caraballo admite que frente al tráfico internacional esos grupos criminales buscan penetrar al sector público. Insiste en que cada vez que se descubre a un funcionario mandamos un mensaje de cero tolerancia y certeza del castigo.
Al respecto, el exfiscal Moreno reflexiona al considerar que el gobierno junto a sus estamentos de seguridad deben trabajar mucho más la inteligencia de profundidad, las raíces, de la organización completa. No solo agarrar mulas, brokers, a los que llevan la droga, que son los de abajo y para eso se requiere la colaboración internacional, transnacional; tiene que haber colaboración de los estamentos de seguridad de forma transnacional, alianzas, grupos conjuntos de investigación con las hermanas repúblicas de Colombia, México, Centroamérica, Estados Unidos. Así como los delincuentes se comparten información así los estamentos de seguridad deben compartirse información, recursos y colaborar, de otra forma esto no tiene solución, indica el experto.
Este reportaje se difundió simultáneamente en versión para radio a través de la emisora KW Continente:
*Este trabajo se hizo gracias al apoyo del programa Abriendo Datos Panamá, una iniciativa del International Center for Journalists (ICFJ).