¿Puede el gobierno establecer la obligatoriedad de una vacuna, incluso cuando aún no existe?
Por: Rekha Chandiramani
Esta semana la Asamblea Nacional discute un anteproyecto para la vacuna contra la Covid-19. El anteproyecto 080 se titula así: “La vacuna contra el Covid-19 es universal, pública y gratuita para todos los panameños”.
A pesar de que ya las vacunas son universales, públicas y la mayoría de ellas gratuitas para todos los panameños –Panamá se precia de tener uno de los mejores cuadro de vacunación estatal de la región tanto en cobertura como en espectro— la Asamblea pretendería incluir la obligatoriedad de la inmunización contra Covid-19 en una ley específica.
El diputado Tito Rodríguez, quien fue el primer miembro del Órgano Legislativo en anunciar públicamente su contagio de Covid-19, sustentó en la exposición de motivos de la propuesta legal que el gobierno debe garantizar la vacunación “gratuita y obligatoria a toda la población”. Después anunció que tras los cuestionamientos, quitaría lo de obligatorio, pero el proyecto apenas está en pañales.
Pero, además, la iniciativa crea una comisión gubernamental pro adquisición de la vacuna y un programa de “vacuna por impuesto” que exonera la mitad del impuesto de importación a la “empresa privada” –en singular- que traiga la futura vacuna a Panamá, previa aprobación de la comisión gubernamental. Aunque ya las vacunas y medicamentos importados no pagan impuestos ni aranceles de importación.
¿Puede el gobierno establecer la obligatoriedad de una vacuna, incluso cuando aún no existe?. Galenos de la red Médicos Panameños contra la covid (MepCovid) dijeron en conferencia de prensa este martes que el Estado no puede obligar a un ciudadano a vacunarse, máxime cuando las pruebas para la vacuna de la Covid-19 no se han concluido y ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que instó a los países a no apresurarse.
Panamá ya tiene una ley de vacunación, la Ley 48 del 5 de diciembre de 2007, que incluso establece que es el Estado es el que proveerá “a precio de costo” las vacunas al sector privado, y que este no podrá alterar su valor.
Con la iniciativa legal específica para la futura vacuna –que aún está en ensayo—de la Covid-19, el Estado intercambiaría esa prerrogativa para que sea “una empresa privada” la que traiga la vacuna con una exoneración del 50% del impuesto de importación, según la ley.
¿La maldición de ser un mercado chico?.
El gobierno de Cortizo ya reservó inicialmente $80 millones del presupuesto 2021 para la adquisición de dicha vacuna. Si avanza la obligatoriedad de la inmunización con la ley que discute la Asamblea, el Estado básicamente le estaría garantizando una cuota de venta –y ganancias– a la que importe la vacuna, que bien puede ser un laboratorio o una empresa intermediaria.
Más allá, si Panamá apela a su estatus inherente de hub de transporte, todas las vacunas importadas por la empresa –en singular según el anteproyecto de ley— pagarían la mitad del impuesto incluso para las vacunas que podrían vender a otros países de la región.
Si los $80 millones que separó el gobierno llegan a utilizarse para vacunar a 4 millones de personas (casi toda la población de Panamá ) cada vacuna estaría costando unos $20 dólares.
Haciendo un poco de historia, la disyuntiva nos retrotrae a la crisis del H1N1 que se desató en 2009. En ese momento, el Minsa importó directamente desde Francia -país sede de Sanofi Pasteur- 100 mil dosis, con valor declarado de $752,52026 en total –$7.20 por dosis– incluyendo flete y seguro. En ese momento el plan de vacunación incluyó a la población más vulnerable, entre adultos mayores, niños y embarazadas.
Conflicto de interés en los ensayos: “son juez y parte”
Marta Roa de Salteiro, quien trabaja en la Caja de Seguro Social y es parte de la dirigencia de MepCovid, quienes activaron la atención primaria en clínicas privadas y la telemedicina, denunció además serios conflictos de interés de parte de los «dos doctores que ya todos conocen» –sin mencionar nombres- que participan en el estudio. “No se puede ser, ni legal ni éticamente, juez y parte”, subrayó.
Quienes llevan adelante los ensayos en Panamá para la vacuna contra la Covid-19 son el Centro de investigación CEVAXIN y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT-AIP), que formaron el pasado 9 de julio el Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19.
Al frente de CEVAXIN está Rodrigo de Antonio como director, gerente general y vicepresidente ejecutivo. La sociedad fue registrada el 19 de mayo de 2014. De Antonio formó parte del consejo asesor del Ministerio de Salud panameño desde el día uno de su conformación en marzo. Participó en varias conferencias de prensa al inicio de la pandemia, con la ahora ex ministra de Salud, Rosario Turner. Cuando se recompuso el consejo asesor tras la salida de Turner y el ascenso del viceministro Francisco Sucre a la silla principal, De Antonio pasó al comité asesor en el tema específico de las vacunas, donde sigue actualmente.
Junto con De Antonio también está el médico investigador, pediatra e infectólogo Xavier Sáez-Llorens, desde el día uno como asesor del Ministerio de Salud, y también pasó a la comisión especial para vacunas cuando se reorganizó el Minsa. Sáez Llorens también es investigador principal en los ensayos para dichas vacunas al frente del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19.
Paralelamente, mientras asesora al Minsa en la comisión de la vacuna, realiza las convocatorias para los ensayos clínicos que dirige y es Jefe de Infectología y director de investigación clínica en el estatal Hospital del Niño, Sáez Llorens también ha refutado en varias ocasiones, a través de sus redes sociales y de artículos de opinión, el efecto de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la Covid-19, como lo han hecho otros médicos y como lo hizo la OMS en un momento, citando la falta de estudios concluyentes que comprueben sus efectos positivos.
Las constantes opiniones médicas –por Twitter principalmente—han polarizado a los médicos en al menos dos bandos: los pro hidroxicloroquina y los que están en contra de su uso. O bien que no lo recomiendan. Sáez Llorens incluso compartió una carta del laboratorio francés Sanofi para reforzar su anuencia al uso del fármaco, cuya prescripción volvió a liberar después el Ministerio de Salud panameño. El mismo laboratorio donó en abril 100 millones de dosis de hidroxicloroquina a 50 países, como anunciaron en este comunicado.
Comunicado donde el laboratorio frances recuerda que Plaquinol, 
su presentación de hidroxicloroquina, no está etiquetada para el tratamiento de Covid-19
El otro grupo de médicos, MepCovid, critican fuertemente el abandono de la atención primaria por parte del Minsa y la Caja de Seguro Social, que solo hace unos días reactivó la consulta externa. Ajjortt Lezcano, una galena de 40 años que atiende en Arraiján, una ciudad a unos 34 km de ciudad de Panamá, es quien encabeza el grupo y ha denunciado incongruencias del Minsa en el tratamiento inicial de la pandemia, el abandono de tratamientos inicial, la especulación y el desabastecimiento de medicamentos básicos que recetan para el cuadro infeccioso, como ivermectina, hidroxicloroquina y antivirales RNA.
Sáez Llorens no contestó las llamadas realizadas para este reportaje, pero en su cuenta de Twitter escribió que “ni vendo, ni promociono, ni asesoro al gobierno sobre qué vacunas comprar, solo a generar y publicar datos sobre algunas de ellas para que las empresas productoras soliciten licencia comercial con FDA, EMA y OMS-OPS”.
Hace un mes, publicó un tweet donde dijo haber realizado investigaciones desde hace 30 años para instituciones científicas como NIH, Senacyt; empresas de vacunas como Sanofi, GSK, Pfizer, Takeda, J&J, Janssen, AZ) y filantropías como las de Melinda and Bill Gates Foundation, “revelando siempre mis potenciales conflictos de interés”.
A este comentario, otro doctor y político, Jorge Gamboa Arosemena, le contestó con esta alerta: «Tema espinoso. Más para quienes trabajan para el Estado en institución que de muchas formas puede ser usada para facilitar o entorpecer a farmacéuticas, oportunidad de conocer datos. Si un funcionario va a «servir» en algún estudio debe ser vía acuerdo con el Estado, no con el funcionario».
El Consorcio que ensaya las vacunas tiene el aval de la estatal Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), que en abril abrió una convocatoria para otorgar fondos de hasta $200,000 a proyectos de investigación relacionados al Covid-19. El de CEVAXIN fue el primer proyecto que ganó en la convocatoria. A través de la resolución administrativa 135 del 8 de junio de 2020 –la primera de adjudicación para esa convocatoria– Senacyt le otorgó $182,100 a la sociedad anónima Centro de Vacunación Internacional S.A. (CEVAXIN) /Xavier Sáez Llorens para el “análisis de los factores inmunológicos y virológicos que afectan la severidad de COVID-19 para niños, adolescentes y adultos en Panamá”.
En un comunicado del 19 de agosto, Senacyt anunció que las autoridades nacionales y el Comité Nacional de Bioética aprobaron el protocolo de investigación clínica para ejecutar en el país un proyecto de fase 2 de una vacuna contra el COVID-19 de la empresa alemana CureVac, para lo que el consorcio reclutaría 250 voluntarios para el ensayo “con el aval de la Senacyt”.
Senacyt contradice la entrega de los fondos a Cevaxin, al indicar –en el último párrafo del comunicado– que “los estudios de investigación clínica en vacunas contra el COVID-19 no representan costo para el país ya que son financiados por las propias casas farmacéuticas y por otras organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro”. Queda la interrogante que nadie ha querido contestar: ¿Cuáles son esas farmacéuticas y esas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro?.
CureVac es un laboratorio alemán que recibió fondos de ese gobierno para adelantar estudios y ensayos para la vacuna contra el Covid-19. Ya negocia la venta de 225 millones de dosis a la Unión Europea. La francesa Sanofi por su parte, se asoció con la británica GlaxoSmithKline y con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico de EEUU (Barda) para ensayar una vacuna, y con Translate Bio para probar otra. A esta última ya le inyectó $425 millones ($300 millones en efectivo y el resto comprando acciones). El presupuesto destinado por Panamá solo para la compra de una futura vacuna ($80 millones) representaría casi el 19% de esa inversión.
En 2014 medios especializados como Outsourcepharma y Prnewswire, reportaron un acuerdo entre la francesa Sanofi Pasteur –división de vacunas de Sanofi- con la alemana CureVac para desarrollar y comercializar una vacuna “profiláctica” basada en el ARN (ácido ribonucleico) para un patógeno no declarado. La francesa tendría la exclusividad de comercialización a nivel mundial y la opción de seguir desarrollando otras vacunas de ese tipo dentro de un acuerdo macro por más de $33 millones, firmado en 2011 entre Sanofi, CureVac e In-Cell-Art.
Los protocolos del ensayo para la vacuna no se han hecho públicos, tampoco los acuerdos entre Senacyt -entidad que promociona la investigación con fondos estatales- y el consorcio formado por CEVAXIN e Indicasat, que realiza los ensayos. Las autoridades de salud tampoco han dado data constante y comprobable sobre la inmunidad probable, las mutaciones del virus, ni siquiera datos básicos como el sexo, edad, localización y enfermedades concomitantes de cada uno de los 2,018 fallecidos con Covid-19 que reportó el país el 1 de septiembre.