por Rekha Chandiramani
Lo que no dijo el presidente en el Canning House
1/11/2021
Cortizo, como muchos otros presidentes, tomaron un avión a Glasgow, para acudir –dicen ellos–a la cita más importante para que los países hablen sobre el cambio climático.
Me refutarán los capitalistas verdes diciendo que no sólo hablan, sino que se comprometen con lo que van a hacer al respecto, con un desarrollo sustentable, con un crecimiento verde, etc, etc, etc. Pero no es casualidad – ¿causalidad? – que el infierno también esté pavimentado de buenas intenciones, como dice el refrán.
Antes de partir, Cortizo dijo ante las cámaras que “la democracia tiene límites”. Como no explicó el contexto ni lo que quiso decir con eso, dejó un gran signo de interrogación –otro– en la mente de los panameños. Como lo dijo al ser preguntado por las protestas que ardieron en Colón ese día, podemos interpretar que los límites los pondrá él. O, en su defecto, el aparato policial-militar que ceba – y deja cebar por otros gobiernos– a punta de privilegios e impunidad.
Al día siguiente vimos el tenor de los “límites” a los que se refería. La policía retomó la agenda del despojo en Barro Blanco disparando contra los hermanos Ngäbe sin distinguir siquiera su edad. Aunque la escena es la misma: indígenas baleados y desplazados de sus territorios, esta vez la narrativa se acomodó ligeramente. Ya no son “maleantes y borrachos” como les llamó el ex ministro civilista -menos mal- de Martinelli, José Raúl Mulino; ahora son “invasores de propiedad privada”. Tal calificativo en un país que alaba tanto la propiedad privada que incluso la multiplica sin costo alguno para los ricos vía concesiones, resulta efectivo para demonizar –una vez más– las comarcas y a quienes viven dentro de ellas.
Probablemente esa “estrategia” también se deriva del modo de comandar –que algunos malamente llaman gobernar– del presidente Cortizo. En Canning House habló del método que usó para combatir la pandemia: el de decision cycle o el OODA loop (Observa, Orienta, Decide y Actúa) que creó el estratega militar estadounidense John Boyd, y que Cortizo aprendió en la academia militar estadounidense en la que estudió.
Al método original le agregó un quinto elemento: fe. Su fijación con la guerra es tal que hasta comparó el plan de vacunación con “una operación militar exitosamente ejecutada”. “Las enfermeras sentadas al lado de las fuerzas de seguridad” confesó en el foro. Y para serle fiel a su quinto elemento, también invitó a las iglesias.
Pero lo que no dijo el presidente en su “ponencia magistral” del Canning House fue que aprobó un despropósito como el “permiso de uso de suelo” dentro de áreas protegidas. Tampoco dijo que ampliará las ya ilegales e inconstitucionales concesiones para mega minería. Ni mencionó la contaminación de tomas de agua con hidrocarburos en Chiriquí, ni los 209 daños ambientales que causó Cobre Panamá y que el mismo Ministerio de Ambiente reportó, ni las miles de hectáreas de bosque tropical deforestado y que pretende deforestar para saciar el voraz apetito extractivista que se le ha metido por los carrizos a buena parte de su gabinete.
En cambio, la primera mitad del discurso se decantó por la “estrategia de Panamá” para combatir la pandemia. Una guerra ganada, según él, porque “en los últimos días hubo 0 muertes por covid” (quizás no se enteró de los 11 muertos por violencia en un solo día); porque “garantizamos las mejores vacunas, no cualquier vacuna, sino la AZ y la Pfizer” (se quedaron sin trabajo los visitadores médicos); y porque “aumentamos la capacidad de camas en UCIs” (¿incluyendo las carísimas del escandaloso Hospital Modular?).
La otra mitad del discurso fue sobre lo que dicen todos los panfletos para atraer a capitales extranjeros. Nada que cualquier inversionista no pueda buscar en 2 minutos en internet antes de pensar en asomarse por acá. En medio, citas de Winston Churchill y Boris Johnson para adornar sus halagos.
La transmisión solo llega hasta la primera pregunta que le hicieron: cómo Panamá había abordado la deforestación en las riberas del Canal, cuyos efectos ya se sentían desde la década del 80. La respuesta de Cortizo se entrecorta y finaliza el video. Bienvenido al club que fundó el ministro del MICI.
En fin, quién diría que un seguidor de quien una vez se lamentara por haber quedado bajo el paraguas del Pentágono, ahora ande por allí regalando más paraguas.
Proteger(se) y servir(se)
10/10/2021
Hace unos días se coló en redes una foto de un policía panameño en una práctica de tiro, donde éste apuntaba el arma a la figura de una mujer con un pañuelo palestino. Detrás del policía, un entrenador de la Embajada de Israel en Panamá. El tweet, que después fue borrado y por el cual la Policía panameña se disculpó posteriormente, lo colgó tanto la Policía como la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Panamá-Israel.
Lo más seguro es que ni el policía ni el fotógrafo siguen de cerca el conflicto palestino-israelí —y no tienen por qué saberlo todo sobre un conflicto con tantas aristas y contradicciones—, y el desliz cupo perfecto en un comunicado –otro- de la Policía panameña disculpándose. Pero cuando el conocimiento no acompaña, se espera que por lo menos actúe el sentido común.
Más allá de la abominable foto y la pobre excusa, todo el “entrenamiento” revela para algunos —y confirma para otros— patrones muy peligrosos que han estado germinando dentro de la fuerza pública panameña en los últimos años. Una fuerza pública que en teoría es civil, con una falaz prohibición de ser ejército, pero que cada vez se consolida más como el poder de facto en Panamá. Sin temor a excederme, hoy mandan más que el mismo presidente.
La crisis de identidad de la fuerza pública, que es solo uno de nuestros problemas, no se ha abordado seriamente. Algunos soldados y batalloneros fueron forzados a reconvertirse en policías civiles tras la invasión, pero todavía muchos salen a entrenarse en academias militares en el extranjero, principalmente de Estados Unidos. Otros uniformados siguieron con las mismas prácticas de los antiguos coroneles y solo se cambiaron el color del quepi. Las academias de policías hoy se siguen enfocando en la represión, en técnicas militaroides disfrazadas de protección y en inculcar la obediencia ciega entre la tropa.
Todo lo anterior, sumado a un intencional debilitamiento de la enseñanza crítica de la historia panameña y la cívica en las escuelas y las universidades, ha sembrado una legión de policías sin ideología ni respeto por los derechos básicos de los ciudadanos. Una siembra regada con impunidad y que cosechamos con cada “error” que cometen. Hay excepciones, seguro, pero en general, la mayoría solo sigue órdenes, tal cual se hacía en la dictadura.
El presupuesto destinado a seguridad –o sea a la fuerza pública— será mayor que el de educación el próximo año. Eso lo dice todo. Las prebendas a comisionados, la abultada planilla y sus jubilaciones especiales no paran de crecer. Una bomba de tiempo y un incentivo perverso para diversificar, aún más, sus servicios.
Diversificar y reinventarse para protegerse y servirse. Una delgada línea que puede transformar a un ex militar o a un ex policía en un asesino a sueldo al servicio de transnacionales o gobiernos, como los fueron los exmilitares colombianos que asesinaron —contratados— al presidente de Haití.
El Ministro de Seguridad ha dicho abiertamente que coopera con todos los organismos de seguridad de tres letras habidos y por haber de Estados Unidos. Eso no es ningún secreto. Y por la infame foto, ya sabemos que cooperan también con Israel –aliado de Estados Unidos y desde donde nos llegó el Pegasus—, y quién sabe con cuántos países más.
Lo que sí es un secreto es el alcance real de tales “cooperaciones” y “apoyos”, palabras que en este país pueden significar muchas cosas.
Régimen fiscal territorial, ¿soberanía para quién?
03/10/2021
La historia se repite en espiral. Como lo hizo el gobierno de Martinelli y el de Varela, el de Cortizo no perdió la oportunidad de mandar delegaciones de funcionarios, en primera clase sin duda, para convencer a los del Gafi para que sacaran al país de la lista negra. Los viajes fueron en vano.
Los resultados no se ven, dicen los enlistadores, mientras acá una legión de abogados corporativos se puso ya la armadura para defender lo que ellos llaman soberanía fiscal, o sea el derecho que tiene el país de cobrarle impuestos a quien quiera.
El mantra va así: ¡Por qué tenemos que cobrarles el impuesto a los países grandes? “No somos recolectores… ¡porqué tenemos que hacerles el trabajo?.»
¿Y si los otros países son los «buenos» y se preocupan más por la población panameña?, ¿Y si saben que sólo cobrando impuestos a quienes más tienen es que dejaremos de ser el sexto país más desigual del mundo?. Quizás ellos están más preocupados por nuestra sexta frontera que el mismo presidente.
Curiosamente en la ecuación de la dualidad fiscal, quienes sí pagan impuestos son quienes venden y compran en Panamá. Si el capital proviene de afuera, amén para los defensores de la soberanía fiscal. Negocio redondo, porque como una vez me dijo un abogado cuando me asaltó la duda de por qué se necesita un abogado para la mínima cosa en este país: “los abogados también tienen que comer”.
No somos los únicos con régimen fiscal territorial, es cierto. Esto es que solo se tasan las transacciones que ocurran en Panamá.
Pero que ironía defender como soberanía de todo un país un sistema fiscal que juega en contra de su propia población, porque el que vive en Panamá obviamente va a comprar todo aquí.
El régimen fiscal territorial es la base de toda una plataforma de servicios legales y financieros que se aporta a sí misma millones de dólares anuales.
El movimiento se registra en el PIB pero a las arcas del estado no llega ni el 1% de los capitales que mueven libres de toda carga impositiva.
Y si las trasnacionales montan una operación dentro de alguna zona económica especial, los beneficios se triplican. Basta con una pequeña oficina y menos de una decena de empleados para declarar todas las ventas fuera de Panamá libres de impuesto.
Así, aunque crezca la inversión extranjera directa, cuando se ve la renta que se queda en el país, casi siempre es negativa. Aunque crezca el número de empresas bajo licencia de SEM, el impuesto de renta sigue aportando cada vez menos en comparación al aportado por los asalariados.
Esta semana sonarán los Pandora Papers, del ICIJ. Otra filtración que abordará los caros servicios offshore de otra firma de abogados. Y es que nada cambió realmente desde 2016 cuando el mismo consorcio publicó los Panama Papers. Quizás lo único que cambió es que ya no se creen.
Hub farmacéutico en un país donde se muere por falta de medicamentos
12/09/2021
En febrero del año pasado conocí a Swany Castillo en la salita de espera de Medcom. El tema del segmento en el noticiero era la falta de medicamentos. A mí me entrevistaron por la investigación periodística sobre el desabastecimiento y el oligopolio, parte del proyecto periodístico Receta Justa. Y Swany, quien estaba acompañada de su madre, contaría después su desgarrador testimonio: el perder a su hermano que esperaba un medicamento que nunca llegó.
Jairo, el hermano de Swany, tenía 41 años cuando falleció en el Oncológico. Tenía Leucemia Aguda Promielocítica y dos hijos pequeños. Uno de los tratamientos, el trióxido de arsénico, le hubiese dado la oportunidad del “rescate”, en palabras de los médicos. Pero ni la Caja de Seguro Social ni el Instituto Oncológico lo tenían. Y los distribuidores muchas veces corren a comprar sólo cuando tienen la orden de compra del gobierno…cuando ya es muy tarde. El medicamento es sólo para venta hospitalaria, aun así, Le expidieron una receta “para ver” si la familia de Jairo lo conseguía en otro país. Cuando Swany trató de comprarlo en Alemania, país en que reside, le dijeron así: “eso solo lo puede comprar un hospital”.
Irónicamente, quien tenía que comprarlo —el gobierno de Panamá— no podía hacerlo directamente al fabricante porque violaría la Ley 1 de compra de medicamentos, que les auto exige contratar empresas panameñas como intermediarias para esos menesteres. El volumen no daba tampoco para activar la pantomima de la Comisión de Desabastecimiento. La familia de Jairo sólo tenía la opción de conseguir inmediatamente la mitad de la dosis en un hospital privado. Pero no era suficiente.
Había tres pacientes más en la misma condición, pero Jairo ya no está para contarlo. Tampoco está ahora para ver cómo el gabinete de Cortizo se reunió en días pasados para hablar sobre un “hub farmacéutico”, para ver cómo estudian la viabilidad del país para “distribución de valor agregado, ensayos clínicos y fabricación nacional de medicamentos”.
Que encima de eso, según el comunicado de la Presidencia, dentro de sus “estrategias” están fomentar a la farmacéutica británica Glaxo Smith Kline (GSK) “a fin de expandir su producción local”, tras describirla como “la única multinacional que actualmente produce medicinas en Panamá”. Y allí se me quedó chica la cinta métrica para medir el ancho de semejante puerta giratoria que ha de haber cruzado el Dr. Ortega, que con todos los méritos dirige hoy la Senacyt, pero que está sentado en esa mesa tras haber trabajado 14 años en GSK, la misma farmacéutica que el gobierno de Cortizo dice que fomentará.
¿Cómo se explica eso de ser un hub farmacéutico a los hijos de Jairo, por ejemplo? Que su padre no pudo conseguir un medicamento por el eterno “no hay” que está en boca del personal de salud, que seguro tiene que tener mil veces mayor impotencia que la que nunca nos podremos imaginar. Ver morir a alguien porque la ley le prohíbe comprar a quien puede —y debe, según la Constitución— garantizar la salud de todos en este país.
Si este gobierno quiere zafarse de las ataduras de los malos intermediarios que especulan con el precio y el inventario de medicamentos, que los denuncie, que los castigue y que lo haga de una buena vez. Pero que no los reemplace por nuevas ataduras negociadas directamente, y ahora a puertas cerradas, con los fabricantes.
Que el remedio no sea peor que la enfermedad.
La caja de pandora que abrió el Banco General
04/09/2021
Cientos de cuentahabientes se desayunaron este fin de semana con el débito de sus cuentas en el banco privado más grande de la plaza, que solo en el primer semestre de este año —en plena pandemia— acumuló 155.16 millones en utilidades.
Unas horas después, tras protestas de usuarios que se viralizaron en redes, la arbitrariedad mutó a “error”. O no calcularon bien la cantidad de personas que afectarían o no les importó. Luego recularon y dijeron que devolverían el dinero. La excusa de evitar un daño reputacional siempre es buena para esconder el miedo al retiro masivo de fondos.
En fin, este evento es solo la punta de un iceberg de dimensiones desconocidas con el cual chocaremos de frente. Es el preludio de una crisis económica que ya empezó, pero traducida en el día a día de la gente. Ya no son los fríos números del bendito PIB que caen y que no se cansan de decirnos, ya no son el desempleo y la informalidad una lejana estadística; es el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar.
Y es un elefante que no nació con la pandemia. Para dimensionar bien el problema que se avecina hay que hurgar al menos 12 o 13 años atrás, cuando Panamá empezaba a emborracharse de un boom económico mientras en otros países arreciaba la crisis financiera. Acá llegaron más inversiones, más trabajos, subieron los salarios, subió el famoso PIB…y en esa ecuación, la parte líquida se la llevaron los bancos y los grandes rentistas panameños. Al resto, le tocó inflar sus metas a punta del crédito. ¡Que para eso están los bancos! ¿no?
En el interín, se engrosaron también los préstamos hipotecarios, y si es con precios inflados y subsidios a la construcción disfrazados de interés preferencial, pues mejor. Y ahora que la burbuja inmobiliaria podía —tenía— que reventarse, entonces cambiarán la ley para que aplique también a viviendas usadas. Seguro es porque los bancos quieren ser más inclusivos y no porque están preparando el terreno y acaparando ese mercado para una inminente ejecución masiva de garantías.
Me dirán los banqueros “es que ella no entiende de eso”. Claro que no. No entiendo cómo tendiendo el dólar estadounidense como moneda forzada, el interés promedio acá es 4 y 5 veces mayor que el de allá. No entiendo cómo en Estados Unidos el gobierno esperó que el sector financiero se asomara al colapso para salir a rescatarlo en 2008 y acá el gobierno panameño le aseguró mil millones a la banca privada antes de que pidieran cualquier auxilio. Ha de ser que acá somos más precavidos que los gringos para esas cosas.
No entiendo cómo el gobierno dejó en la indefensión laboral a casi medio millón de trabajadores formales y aplastó —vía cuarentenas y toques de queda— una economía de consumo que sostenía a la otra mitad de la población, para reemplazarla por un bono que solo cubría un tercio de lo que dice la Acodeco que cuesta el supermercado del mes.
Cortizo nos engañó llamando moratoria a una extensión de plazos, mientras se fue a negociar “bonito” con empresas a puertas cerradas. .
Al presidente se le agota el discurso del saldremos adelante y de la reactivación económica que va viento en popa tan sólo en su imaginación. A fin de mes vence el periodo de gracia y no hay decreto ni ley que le impida a los bancos ejecutar garantías o descontar cuentas para abonar saldos. Mientras, la Superintendencia dice que los bancos están sólidos, que tienen el doble de la liquidez necesaria y que están listos para prestar. Y entonces, ¿Quién podrá defendernos?
Panamá con p de pactos
26/07/2021
Desde Bambito hasta Gamboa, pasando por Coronado, las pequeñas crisis pos invasión se han ¿resuelto? en este país a punta de boquitas y sesiones mediatizadas en hoteles que también prestaron sus nombres para acuñar esos acuerdos.
Una vez me dijeron que la mayoría de los problemas en este país lo resuelven los políticos de turno reunidos con sus donantes y unos tragos de whisky. Me rehusé —con p de pendeja— a creerlo. Pensé que para eso estaba el Órgano Judicial y el Ministerio Público, para investigar y castigar a quien osara violar las leyes en este país.
Pero resulta que aquí no se castiga a las empresas corruptas y corruptoras. Aquí se negocia con ellas. El último acuerdo anunciado con bombos y platillos es el de la española FCC con la Caja de Seguro Social. Mientras FCC es investigada por ese proyecto en España, acá estaba sentada “negociando” cómo sacarse ese problema de encima, pero con pistola en mano. Solo cuando llegó a un acuerdo es que retiró la demanda de arbitraje contra Panamá. Tres empresas panameñas —para nada pendejas— dicen que terminarán el proyecto, que de paso costará 50% más del precio inicialmente calculado.
PPC también tuvo su acuerdo. No hubo renegociación sino pago de utilidades retenidas por 24 años y ¡zas! renovación automática. Aquí la p visible fue la de publicidad. De sobres felices no sabemos todavía.
Otra que está en la fila para su pacto es Minera Panamá. ¿Y por qué no? se preguntarán. Si el ex presidente Varela creó todo un viceministerio de infraestructura educativa para que las empresas de construcción confesas de haber coimeado se reivindicaran construyendo una que otra escuelita. Todo en el nombre de los empleos; gobernar sin parar obras, le llamó a su estilo. ¿A quién le importa la justicia?. De ella no se come, dicen en los pasillos de Odebrecht.
Pero el pacto con Minera Panamá costará más que las boquitas de un hotel. Abogados y bufetes de Estados Unidos en la mesa, un gobierno que aparentemente sabe que no va a repetir y busca canjear lo que pueda ahora, 25 mil hectáreas de tierras más en el menú minero y el precio del oro por las nubes. ¿A quién le importa que contaminen ríos y deforesten bosques y que encima haya que pedirles permiso para entrar a su feudo?. Solo a los 50 grupos que han pedido moratoria minera, porque al gobierno no parece interesarle. Ellos van por un pacto muy suculento, aunque tengan que mentir diciendo que la minera pagará todas las pensiones de la Caja de Seguro Social.
P de pactos, de Pegasus, de papeles (de Panamá)…. de PPC. Mera casualidad lingüística con un común denominador: así como el Pi en las matemáticas, de las pocas cosas que se pueden descifrar de los misteriosos pactos es que no hablaron ni participaron todos.
Y así. La cuenta del whisky —o la del café Elida que tanto gusta al presidente— es la que nos pasan a nosotros. Así podemos sentirnos partícipes de las encerronas del Ejecutivo con las empresas.
Nito Texas Ranger
14/7/2021
El presidente se tomó en serio lo del patrullaje. De caerle “por sorpresa” a un alcalde en Bocas del Toro haciéndose pasar por un inversionista gringo para “ver cómo lo trataban”, ahora viajó para “atraer” —usando sus propios verbos— esas inversiones.
Esta semana está en “gira de trabajo” —de nuevo, sus propias palabras” en Texas, el estado que aloja su alma mater.
Cortizo se acerca así al estilo viajero de su antecesor, Juan Carlos Varela, cuyos viajes “para atraer inversiones” terminaron con un saldo de gruesas cuentas de gastos cargadas al erario, promesas de subsidios a aerolíneas y acuerdos secretos, especialmente los que firmó con China. Quizás lo más efectivo que promovió el ex presidente Varela de la producción nacional fue la que él y su familia producen.
Pero volviendo a Texas, el presidente actual firmó —en sus propias palabras— un Memorándum de Entendimiento con Energy Transfer para un gasoducto y dos puertos: el primer paso para establecer un hub energético —sí, otro hub— en Panamá.
A vuelo de pájaro, el anuncio vende. ¿Quién puede oponerse a la generación de empleos?. ¿Quiénes no quieren ser otro hub de lo que sea?. Pero el apuro trae cansancio. Y la empresa parece ser más cuidadosa —y no me refiero a los derrames— en anunciar la posible inversión que el mismo gobierno panameño, al que sólo le quedan tres discursos de medio año para alardear de la obra.
La versión del comunicado de la empresa dice que el acuerdo es para estudiar la viabilidad de un gasoducto de GLP (gas licuado de petróleo); que no es vinculante y que dependerá también de proyecciones económicas de ambas partes. Enfatizan palabras como intención, proyectar, estimar, esperar…todas a futuro.
Esa misma cautela y escrutinio debería tener el presidente antes de firmar alegremente cuanto acuerdo le pongan por delante. Esas fotos le pueden salir muy caras al país, a la larga. Energy Transfer acumula al menos 328 irregularidades de todo tipo desde el año 2000, cuyas multas se tradujeron en más $560 millones, según registros de ViolationTracker.
Ofensas que van desde daños al ambiente hasta los planos de la libre competencia, derechos laborales, contratos gubernamentales, manipulación del mercado y seguridad ocupacional. El 90% de esas ofensas ($506 millones) se derivan de ofensas relacionadas al ambiente.
Quizás el monto es solo un pellizco para una compañía valorada en más de $28 mil millones, pero el riesgo ambiental que podría suponer un derrame de un gasoducto —¿paralelo al Canal?— cuando todavía no se ha abordado la creciente salinización de las cuencas que usa el Canal para vender bloques de agua al IDAAN, es un riesgo de vida o muerte para la población.
A otro presidente que pasea, prefiero la versión ranger de Chuck Norris: un experto en artes marciales, defensor de la justicia y un veterano de guerra que combatía delitos en Dallas. La descripción es de Wikipedia, que me refrescó la memoria porque lamentablemente, ya no lo puedo ver en pantalla.
Pinchazos, el juicio que ya perdimos
7/7/2021
Esta semana empezaría el segundo juicio contra el ex presidente Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos. No pasó porque los jueces lo postergaron por segunda vez ante otra incapacidad médica de la defensa. La tercera fecha pautada es el 21 de julio.
En el primer juicio salió no culpable; en otras palabras, aunque el tribunal no negó la ocurrencia de las interceptaciones y seguimientos que hiciera el Consejo de Seguridad bajo el mandato del ex presidente, no «pudo» conectarlo como autor intelectual de los mismos. Sobraron los tecnicismos y alusiones al debido proceso en el veredicto.
Lo que pasó después fue surreal. Fue liberado en el mismo momento —cuando cualquier otro reo debe esperar que medio mundo firme su salida del penal— fiesteó y retomó las redes. Se decantó en halagos para el presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo, quien una vez dijo que en este gobierno “no habría persecución política”.
Y para esa promesa. la ex procuradora Kenia Porcell y su selectividad eran una piedra en el zapato. Pero un par de movimientos de personal en la DIJ no lograron el cometido de quitársela del camino.
Luego salieron los VarelaLeaks y se encendieron las teorías de conspiración política, las cuales casualmente replicaron más los medios adeptos al ex presidente, dándolas por verídicas aunque la fuente fuera totalmente cuestionable. Una “filtración” que se filtró sola por lo visto, e hizo su propio sitio en internet.
Tras las apelaciones de las víctimas se ordena un nuevo juicio, pero excluyendo los cargos de peculado de uso y de sustracción. En el primer intento, uno de los testigos dijo haber llevado la computadora con el software a Monte Oscuro, sede principal de los supermercados del ex presidente. Pero nadie, ni los que pincharon ni los gobiernos posteriores de Varela y de Cortizo han dicho hasta ahora a la población dónde quedó el software que se compró con fondos públicos y si todavía se sigue utilizando. No creo que haya un panameño crítico en este país que no sospeche que aún es así.
Cualquiera que sea el veredicto en el nuevo juicio por el caso pinchazos, o incluso en el del caso New Business por blanqueo de capitales, no le hará justicia a la magnitud de los atropellos cometidos contra la ciudadanía durante su administración. Denuncias que van desde peculado, sustracción, sobrecostos, desaparición física (Vernon Ramos), uso excesivo de la fuerza durante protestas que dejaron varios muertos (Colón y Bocas del Toro) hasta el posible uso de información privilegiada (lo que en su jerga los inversionistas llaman inside trading) en las acciones de Petaquilla…todo eso quedará solo en la memoria de algunos hasta que la maquinaria electorera lo sepulte como leyendas urbanas de un presidente que “robó pero hizo”.
La justicia no será servida. La aplasta el yunque de la prescripción y los pactos. La diputada Mayín Correa lo adelantó: votó por el perredista Crispiano Adames para presidente de la Asamblea “con el compromiso de que él reformará el Código Penal para que se acabe la persecución política de líderes como Martinelli”.
Y no pocos diputados de ese colectivo —el PRD— buscan un plan B, un nuevo paraguas dispuesto a inyectar dinero a sus aspiraciones políticas. El solo hecho de considerarse siquiera una opción política viable para 2024 es el mayor fracaso de la cordura ciudadana. Ya perdimos.
El síndrome del impostor en la presidencia
30/6/2021
Se cumplen dos años desde que el perredista (antes miembro del partido satélite Solidaridad) llegara a la presidencia con el 33% de los votos, es decir, ni siquiera con la mayoría calificada que se requiere para declarar culpable a un diputado por un delito de violación, por ejemplo.
Cortizo ya lo había intentado dos veces, pero no pasó el filtro de las bases internas de su partido hasta la tercera vez. Después de 10 años fuera del poder, las estrellas —o quizás los maletinazos— se alinearon para escogerlo y presentarlo como el candidato del PRD. Así logró la victoria, pero en un contexto que ya anunciaba una inminente crisis: un gobierno varelista que no escapó de escándalos, una oposición débil y dividida y una crisis institucional que ya tenía al menos tres lustros gestándose.
Si vemos los antecedentes, Cortizo no parece ser el mismo que quiso ser presidente en sus dos primeros intentos. Su carta de presentación fue haberse parado firme y renunciar cuando Panamá relajó las medidas fitosanitarias mientras negociaba un tratado de promoción comercial con Estados Unidos durante el gobierno de su copartidario Martín Torrijos. En ese momento abandonó el gabinete dejando en el imaginario colectivo una impresión de verticalidad que logró capitalizar ahora para llegar al poder. Pero de aquel Cortizo, el que renunció como ministro, no vemos mucho ahora que es presidente.
Las concesiones que habría hecho para recibir el apoyo de la dirigencia del PRD a su candidatura —algo que no tuvo antes— ahora son más que evidentes. Sus propios copartidarios lo acusan de plegarse a los designios del presidente del colectivo Benicio Robinson, y del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Y los hechos lo ilustran: contratos de publicidad en pandemia, nuevos corregimientos en Bocas del Toro, captura de inversiones con evidentes conflictos de interés por la parte de su gabinente adepta a Carrizo, contrataciones con sobreprecios, cero transparencia, etc, etc, etc.
Con apariciones cuasi actuadas y arranques de campechano autoritario; con políticas erráticas y un manejo integral bastante accidentado de la pandemia, a dos años del gobierno Cortizo-Carrizo, podemos inferir que el Ejecutivo está haciendo de todo menos gobernar. La educación pasó de ser la estrella a la más estrellada, la transparencia se envolvió en papel higiénico, la separación de los poderes no existe, la justicia es una pantomima y si bien la inminente crisis económica y social ya era inminente, este gobierno se lleva el mérito de haberla empeorado a su máxima expresión. Y sin saber si hemos tocado fondo.
Las grandes deudas —aparte de la externa— hoy siguen siendo la desigualdad, la pobreza, la educación, la salud, el agua…y no parece que dejarán de serlo. Hasta que llegue el 2024 y nos vuelvan a pedir el voto prometiendo resolver —»ahora sí»—esos mismos problemas.
La dictadura de los criterios
22/11/2020
Panamá está en estado de emergencia desde marzo. El decreto se basó en la Ley de Contrataciones Públicas, evitando tener que ser evaluado y aprobado cada cierto tiempo por la Asamblea. Varias demandas esperan el sueño eterno en la Corte Suprema de (in)Justicia por esta jugada, lo que nos da a entender que en este juego, cada uno se está llevando su parte.
Y así empezó la dictadura de los criterios. La conferencia de las 6 de la tarde se convirtió en el llamado del rey que da instrucciones a sus súbditos. «Si se portan mal, no podrán salir». Anunciaban muertos sin dar pormenores tan necesarios que hacen imposible creer en las cifras sin sustento más allá del «criterio oficial».
Ocho meses después, muchas cosas han pasado. Pero seguimos en estado de emergencia. El presidente y el vicepresidente parecen haberle tomado gusto a eso de gobernar por decreto y mandar por comunicados. Es famoso estado de derecho que dicen defender, no es más que otro eufemismo para cuando les apuntan con cámaras y micrófonos.
Compran y siguen comprando a diestra y siniestra, con sobreprecios obscenos, contrataciones directas a amigos y familiares, gastos innecesarios en imagen y publicidad, aumento de planilla para puestos políticos y un largo etcétera que vemos todos los días. La transparencia en otra piedra en el zapato para los dictadores de saco y corbata.
Ese criterio oficial es el que está dictado quién sí puede y quién no puede abrir, vender, comprar o siquiera salir. El peligro de utilizar las medidas de bioseguridad como criterio para autorizar quién abre y quién no, o a dónde se puede ir a dónde no, han terminado en situaciones tan ridículas como el cierre de espacios abiertos -playas y parques- y escuelas por encima de casinos y lugares cerrados.
Aun más incoherente era la medida de que un restaurante solo podía vender un porcentaje de licor por persona. O que los negocios turísticos tienen que volver a pasar por el tamiz de la Autoridad de Turismo para ser autorizados. Sumando los cambios al Código de Trabajo y el perfil organizador del gobierno para los negocios de sus donantes y amigos, no hay que ser muy inteligente para descifrar que el estado de emergencia ha sido la excusa perfecta para que el gobierno de Cortizo reorganice las fichas del país a su favor.
Los que pagan los platos rotos de la década perdida del PRD, y los periodos de abstinencia de todos los otros partidos, ya piden jaque mate.
De la Enmienda DeConcini y otros pesares
11/11/20
Este año se cumplieron 43 años de la firma de los Tratados Torrijos Carter; los que empezaron a languidecer la perpetuidad de la Zona del Canal en manos de Estados Unidos, y mérito de la sangre que pusieron los mártires de 1964.
Los foros no faltaron este año. Y por la pandemia, se multiplicaron en formatos no presenciales. Por televisión y en webinars, desfilaron los políticos veteranos que participaron en las negociaciones de los tratados en la década del 70. Algunos todavía ocupan cargos gubernamentales y de sostenida influencia en la vieja élite que «administra» el Canal.
Lo que más me llamó la atención de las intervenciones que escuché -la de Nicolás Ardito Barletta y Adolfo Ahuamada- fue el pesar por las enmiendas que hizo el Senado estadounidense para ratificar los tratados después que Panamá los aprobara en un plebiscito. Cambios que molestaron a los negociadores y a Torrijos pero que eventualmente aceptaron para sellar el acuerdo. Esa famosa frase de Omar Torrijos «quedamos bajo el paraguas del Pentágono» lo ilustra.
La primera enmienda que forzó el Senado estadounidense para ratificar los Tratados les da «derecho» a usar la fuerza militar en Panamá contra cualquier amenaza dirigida a la seguridad del Canal. Se trata de la Enmienda DeConcini, introducida por el entonces senador demócrata por Arizona, Dennis Webster DeConcini.
La segunda -hubo al menos seis cambios que protestó Panamá por unilaterales- fue el paso expedito que tendrían los buques de Estados Unidos para pasar por la vía acuática. Otra enmienda, la Reserva Numm, establece que ambas naciones pueden negociar y firmar acuerdos para preservar la neutralidad e incluso para el establecimiento de fuerzas militares. Todo quedó plasmado en un acuerdo anexo llamado «Tratado de Neutralidad», que de neutral solo tiene el nombre.
Estados Unidos se arroga la exclusividad de «defender» el Canal militarmente. Y aunque ambos países son signatarios de los protocolos de no intervención unilateral, Estados Unidos no escatimó en bombardear el país el 20 de diciembre de 1989, ni la delegación de «ilustres panameños» que viajó a ese país se avergonzó de pedírselos.
Regresando a la crisis existencial, al menos en los libros de historia, Panamá no se define como un estado asociado ni un país tutelado. Nos repetimos a nosotros mismos que tampoco somos colonia de los Estados Unidos. Pero Panamá es un poco de todo eso al mismo tiempo.
La versión cariñosa de la historia dice que desde 1903 somos un país soberano, que prestamos una franja a los gringos y que nos la devolvieron finalmente en 1999. Veinte años después, los gringos siguen poniendo presidentes, procuradores y ministros de seguridad, vía clearence check o fomentando alianzas en su sede diplomática, como la de Martinelli y Varela.
¿Qué somos, entonces? Ovidio Díaz Espino nos describe de plano como un país creado por Wall Street.
Con las fiestas patrias, también llegaron los encuentros digitales que contrarrestan la versión de los «próceres» de la separación de Colombia de 1903. Hartos textos echan por la borda el desprendimiento de los padres fundadores; fue una transacción más entre blancos que vendieron el país como si fuera suyo y que luego inventaron una falsa versión nacionalista para los libros de enseñanza escolar.
Aquella transacción independentista incluyó un pago de 10 millones en monedas de oro por parte de Estados Unidos, los llamados millones de la posteridad. La mayor parte de ellos terminaron reinvirtiéndose en los mercados financieros estadounidenses, de mano de William Nelson Cromwell. Hoy, casi 120 años después, la firma que él fundó -Sullivan & Cromwell- es la intermediaria entre compradores y el gobierno panameño para las últimas emisiones de bonos de deuda por $2,575 millones.
La melancolía de los negociadores por las enmiendas puede ser una alerta, especialmente si uno de ellos también preside la directiva de la Superintendencia Bancaria. Fue Donald Trump -que no sabemos si se termina de reelegir- el que espetó públicamente que «nunca debieron haber entregado el Canal». Y ya hubo un intento en 1993 por parte del Congreso bajo la presidencia del republicano George H. W. Bush, el mismo que dio la orden de invadir Panamá en 1989.
Mientras la embajada estadounidense nos recuerda que su país ha entregado -vía diplomacia de la RSE- más de $7 millones en ayuda a Panamá para paliar la crisis provocada por la pandemia, más un hospital móvil, Wall Street nunca nos dejará olvidar que, en sus mercados, nadie sabe para quién trabaja.
Tic toc; tierra llamando a Nito
18/10/20
Comiéndose una naranja frente a la cámara, el presidente panameño estrenó su cuenta de TikTok. Aunque probablemente se la veten los gringos por lo del “origen diabólico” que ellos le imprimen a todo lo que salga de China y que compren los demás –menos ellos, claro– . Será otra red social en su inventario, que –en sus propias palabras– ni siquiera verá. Bien podemos entenderlo como estrategia de mercadeo, entonces.
Si el producto a mercadear es su personalidad, el presidente es como aquel abuelo que te cuida cuando tienes 15 y que mareas con un cuento para poder salir cuando tus papás te dijeron que no podías hacerlo. O como aquella tía a la que le dices lo que quiere oír para no extender una conversación que te haga bostezar.
Si el mercadeo redunda en condimentar su personalidad como un hombre campechano o una reencarnación del mismo Omar Torrijos, no convencerá a muchos. Con las medidas neoliberales –pro empresas y anti trabajadores– que ha tomado desde que inició su gobierno, seguro superó al mismísimo dictador cariñoso y a todos los últimos gobiernos juntos.
Pero que siga usando las redes sociales. A veces hay mensajes no tan ocultos envueltos en esos episodios de reality show que le arman sus muy bien pagados –con nuestros impuestos- estrategas. Como el episodio donde llegó enmascarado a El Cauchero, en Bocas del Toro.
Superada la risa por la mala imitación de un inversionista gringo que llega cual dueño a su finca de incógnito para ver si sus empleados están trabajando de verdad, lo que le dice al alcalde de Bocas del Toro revela mucho de cómo se manejarán las inversiones en el país y la tónica entre Ejecutivo y diputados por los próximos años.
“Vine a ver el tema de los corregimientos, a ver cómo podemos hacer para que nadie salga perjudicado…que se beneficie la gente…aquí vienen inversiones importantes que empiezan en enero…queremos que sepa que estamos a la orden”. La intención del periplo era ver por qué querían hacer los 10 nuevos corregimientos en Bocas del Toro, tras la propuesta impulsada por el señor feudal de esa provincia, el diputado perredista y copartidario de presidente, Benicio Robinson.
Como poco responde el gobierno a quienes no están en medios que “apoyan” con contratos de publicidad, supongo que me quedaré con estas dudas. ¿A qué inversiones se refirió el presidente? ¿Por qué el presidente iría a decirle al alcalde de una ciudad que “está a la orden”? ¿Marcando territorio? ¿Qué concesiones se barajan bajo la mesa para esa área? ¿Tienen algo que ver los últimos hechos violentos en zonas comarcales? ¿Están pagando sus impuestos las trasnacionales que se asientan allí, léase bananeras e hidroeléctricas?
La fórmula no es nueva. Ya varios proyectos multimillonarios se han tomado grandes franjas de tierra –incluyendo accesos, ríos y puertos- a cambio de impuestos municipales irrisorios, dividendos que nunca llegaron y regalías sofísticas. Y al parecer, seguirá pasando. “Pero dan empleos”, dirán. Sin duda, empleos que se pagan con ríos secos, contaminación, deforestación y desplazamiento. Ellos también conocen la fórmula: “apoyan” a los medios de comunicación tradicionales.
Pero si lo que quiere mercadear el presidente como influencer en redes sociales es el éxito del gobierno entre los jóvenes, pues de plano le regalo un consejo: empiece a gobernar para todos.
Ya no está en campaña. Al menos no para presidente. La interna del PRD es otro cuento, uno que pinta muy sangriento. Eleve su patriotismo – no dudo que lo tenga- por encima de los favores que debe o las concesiones que hizo para llegar al poder. El fin no justifica los medios.